El gobierno haitiano prolongó este jueves por un mes el estado de emergencia en la capital, Puerto Príncipe, horas antes de que Estados Unidos pidiera una «respuesta global» a la violencia pandillera que azota al país caribeño e instara al primer ministro a una transición «urgente».
La crisis en Haití «tiene proporciones humanitarias que requieren una respuesta global» como la que la comunidad internacional aplica en Ucrania o Gaza, afirmó este jueves el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols.
«Acelerar el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad es crucial» para ayudar al país, añadió.
Desbordadas por los disturbios, las autoridades extendieron el estado de emergencia en todo el departamento del Oeste, que incluye Puerto Príncipe, y prolongaron hasta el lunes un toque de queda nocturno. Ambas medidas habían vencido el miércoles.
Varias bandas criminales controlan la mayor parte de la capital y las carreteras hacia el resto del país, donde mantienen un pulso violento contra el gobierno del primer ministro Ariel Henry, cuya dimisión exigen.
El gobernante, en el poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, debía dimitir en febrero; pero selló un acuerdo con la oposición hasta que hubiera nuevas elecciones.
Su futuro parece ahora en el aire, en un país donde no se han celebrado elecciones desde 2016, y con las poderosas pandillas en contra.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, habló este jueves con Henry para pedirle una transición política «urgente» hacia un «gobierno más amplio e inclusivo», según Nichols.
El primer ministro no ha logrado regresar a Haití desde su viaje a Kenia, la semana pasada, para acordar el despliegue de una misión policial internacional respaldada por la ONU.
Se encuentra en Puerto Rico desde el martes. Ese día no pudo aterrizar en el aeropuerto de la capital haitiana por motivos de seguridad, y la vecina República Dominicana le negó la entrada a su avión.
A la espera de conocer el futuro de Henry, las pandillas presionan a su manera, lideradas por el expolicía Jimmy «Barbecue» Chérizier, quien amenazó con una «guerra civil» si el primer ministro no renuncia.
Desde la semana pasada esos grupos armados han atacado numerosos lugares estratégicos como las comisarías, el aeropuerto internacional o varias cárceles, de las que se fugaron miles de presos.
El operador privado del puerto de la capital, el mayor del país, anunció este jueves la suspensión de sus actividades por los «recientes disturbios».
La Caribbean Port Services (CPS) se vio obligada a tomar esa decisión, a raíz de los «actos malintencionados de sabotaje y vandalismo sufridos», indicó en un comunicado.
El miércoles por la noche, las pandillas incendiaron un nuevo cuartel de policía en la capital, esta vez en Bas-Peu-de-Chose, un barrio sometido con frecuencia a los grupos armados, indicó a la AFP Lionel Lazarre, coordinador general del sindicato de policías haitianos Synapoha.
Los agentes tuvieron tiempo de abandonar el edificio antes del ataque, precisó este oficial.
Con la inseguridad permanente, el sistema de salud haitiano está «cerca de colapsar», alertó este jueves la ONU en un comunicado.
«Muchas instalaciones sanitarias están cerradas o han tenido que reducir drásticamente sus operaciones debido a una preocupante escasez de medicamentos y a la ausencia de personal médico», indicó la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH).
Además de medicamentos, faltan equipos médicos, sangre y camas para tratar a los pacientes con heridas de bala, añadió el organismo.
Con las oficinas de la administración pública y las escuelas cerradas, muchos residentes intentan huir de la violencia con sus pocas pertenencias bajo el brazo, mientras que otros se aventuran a salir sólo para comprar lo esencial.
En este contexto, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Haití (RNDDH) ha denunciado la inacción del gobierno haitiano.
«Hoy, los hechos son claros: las autoridades gubernamentales han dimitido», escribió la asociación en un informe fechado el miércoles.
«El pueblo haitiano ha sido abandonado a su suerte», añadió, lamentando la ausencia de policías en las calles.
El Consejo de Seguridad de la ONU acordó en octubre el envío de una misión internacional de seguridad dirigida por Kenia, que prometió contribuir con 1.000 agentes. Pero su despliegue se ha visto retrasado por el sistema judicial keniano y por una flagrante falta de financiación.
El jueves, la ONG Médicos Sin Fronteras publicó un estudio sobre la mortalidad en Haití durante más de 10 años, que «revela niveles extremos de violencia sufridos por los residentes del barrio de chabolas de Cité Soleil en Puerto Príncipe».
En esa zona, casi el 41% de las muertes están vinculadas a la violencia y la tasa bruta de mortalidad es de 0,63 fallecidos por cada 10.000 personas al día, señala el informe. Unos niveles similares a los registrados en 2017 en los campos de Raqa, la ciudad siria que fue bastión del grupo Estado Islámico.
La ONG anunció el miércoles que reforzaba su presencia en Puerto Príncipe para atender a un mayor número de heridos.
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