San Salvador, EFE.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que se trasladó a 2.000 pandilleros más a la cárcel de alta seguridad del país llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Unas instalaciones con capacidad para 40.000 miembros de estas estructuras criminales y que, de acuerdo con el mandatario, es la cárcel “más grande de América”.

El mandatario publicó en X que a los miembros de estas bandas se les llevó desde las prisiones ubicadas en Izalco (occidente), Ciudad Barrio (oriente) y San Vicente (centro).

Pandilleros “incomunicados con el exterior”

Aseguró que en el Cecot “pagarán por los crímenes cometidos contra nuestro pueblo; incomunicados con el exterior, sin posibilidad de salir, ni de ordenar crímenes desde la cárcel”.

Hasta antes de la publicación de Bukele, las autoridades de Seguridad del país centroamericano no habían informado sobre el movimiento de reos. A su vez, se desconocen los detalles de este traslado.

El mandatario no detalló cuántos pandilleros se encuentran en dicho centro penitenciario, de 23 hectáreas y que se inauguró a finales de enero del año pasado.

Este sería el tercer movimiento de pandilleros al Cecot. El primero se dio a finales de febrero del año pasado y el segundo poco después en marzo.

Polémica construcción del Cecot

La construcción de esta prisión se dio entre críticas de la oposición que ha señalado falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.

La construcción de la infraestructura se dio en el marco de un régimen de excepción implementado desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas tras una escalada de homicidios que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días. Este se ha ampliado en 26 ocasiones por periodos de 30 días a petición del Gobierno.

Un régimen efectivo desde el punto de vista oficial

De acuerdo con los datos oficiales, en este contexto suman más de 80.000 las detenciones, de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional.

El Gobierno atribuye a este régimen, que suspende derechos como la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las comunicaciones, gran parte de la disminución de la violencia.

Las organizaciones humanitarias han recibido más de 6.000 denuncias de atropellos a derechos humanos en este contexto. Principalmente por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de corta de duración.

Esta medida, que logró acentuar la disminución de los homicidios comenzada en 2016 por anteriores administraciones, goza de amplia popularidad y fue la principal bandera de Bukele para conseguir su reelección inmediata. Esto a pesar de que lo prohíbe la Constitución.