EE.UU. estudia sanciones contra jueces del TSJ de Venezuela si validan fraude electoral
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La administración Biden estudia sanciones contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, si validan el fraude electoral cometido por Nicolás Maduro para perpetuar su poder en Venezuela.
La Casa Blanca además dictaría acciones contra los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), que ya anunció la victoria del dictador chavista sin exhibir una sola acta que pruebe la derrota de Edmundo Gutiérrez Urrutia y María Corina Machado, líderes de la oposición al régimen populista.
La Secretaria del Tesoro, el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional trabajan para dictar las sanciones contra los funcionarios judiciales que no tienen independencia institucional y responden a las órdenes directas de Maduro.
Esas sanciones que ejecutaría Biden desde la apertura de causas por corrupción hasta la cancelación de visas- se pondrán en marcha si el Tribunal Supremo de Justicia corona la segunda reelección del dictador. Y en el caso del Consejo Nacional Electoral, debido a que sus miembros abrieron el camino hacia la consumación de otro fraude en Venezuela.
La lista inicial de posibles sancionados también incluiría a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y su primer draft fue realizado en la Secretaría del Tesoro, que envío su nómina al Departamento de Estado y al Consejo de Seguridad de la Casa Blanca.
La inclusión de los cuadros militares y de seguridad tiene su argumento político: si Estados Unidos analiza castigar a los responsables materiales del fraude electoral, es lógico que además incluya en su index a los represores ilegales de Maduro que asesinan, golpean y torturan a la oposición.
En los próximos días, funcionarios clave de la secretaria del Tesoro, el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional definirían la lista de los posible sancionados, ante un esperable fallo del Tribunal Supremo de Justicia a favor del dictador venezolano.
Respecto a la nómina tentativa del Tribunal Supremo de Justicia -Sala Electoral-, la Casa Blanca estudia sanciones para Caryslia Beatriz Rodríguez, Fanny Beatriz Márquez Cordero e Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta. Los tres responden a las órdenes directas de Maduro y se aprestan a convalidar el mayor fraude cometido en la historia de América Latina.
El antecedente político que respaldará la eventual decisión del Tribunal Supremo de Justicia fue ejecutado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), pocas horas después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. El Consejo nunca mostró las actas originales de los comicios y siempre jugó a favor de Maduro, pese a la presión de la ONU, la OEA, la Unión Europea que todavía reclaman transparencia en los comicios.
En este escenario, los integrantes del Consejo Nacional Electoral también serían sancionados por dictar el triunfo ilegal de Maduro sobre González Urrutia y María Corina Machado.
Los cinco integrantes del Consejo Nacional Electoral están bajo sospecha de los Estados Unidos:
Estados Unidos coordina esfuerzos con Brasil, Colombia y la UE para lograr que Maduro reconozca su derrota. Asimismo, la administración Biden tiene un backchannel con el régimen populista para establecer una mesa de negociación con González Urrutia y María Corina Machado.
Pero Maduro resiste protegido por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y la represión ilegal en las calles de Venezuela. Desde esta perspectiva, las medidas que se estudian en la Casa Blanca apuntan a resquebrajar el frente interno para iniciar una transición democrática.
El dictador ya conoce que Washington prepara acciones contra ciertos funcionarios de la dictadura, y no dará un paso atrás.
En las próximas horas, el Tribunal Supremo ratificaría la reelección de Maduro. Y a continuación, las sanciones que prepara Biden caerán sobre los cómplices más leales a Maduro. Una dinámica política que no es inédita en la historia de Venezuela.
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