Santo Domingo, RD.- El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) ha anunciado la disponibilidad de RD$300 millones para la Procuraduría General de la República, con el objetivo de instalar bloqueadores de señal en las cárceles del país. Esta iniciativa busca combatir los delitos cibernéticos que se originan desde estos recintos, donde se estima que el 90% de las llamadas fraudulentas son realizadas.

En una carta dirigida a la procuradora general, Miriam Germán Brito, el presidente del Consejo Directivo de Indotel, Guido Gómez Mazara, enfatizó el compromiso de ambas instituciones en la lucha contra el crimen digital. La asignación de fondos fue aprobada durante la sesión 036-2025 del Consejo Directivo de Indotel, realizada el pasado jueves.

Mejora de la seguridad en el sistema penitenciario

Gómez Mazara subrayó que esta colaboración busca erradicar los actos delictivos desde las cárceles. También crear un entorno digital seguro para la población. “Además de los bloqueadores, garantizamos una campaña educativa para concienciar a la población sobre las llamadas fraudulentas”, señaló.

Los RD$300 millones permitirán a la Procuraduría realizar la licitación necesaria para la adquisición de los dispositivos. Indotel ha solicitado que la Dirección General de Presupuesto supervise la ejecución de los fondos, asegurando transparencia y efectividad en el uso de los recursos.

Instalación estratégica de bloqueadores

El proyecto comenzará con la instalación de bloqueadores en cuatro centros penitenciarios clave: El Pino en La Vega, el Centro de Corrección y Rehabilitación del 15 de Azua. También en Anamuya en Higüey y el recinto penitenciario de Santiago. Estas ubicaciones se seleccionaron debido a la alta incidencia de delitos cibernéticos asociados con el uso indebido de teléfonos móviles.

La implementación de estos bloqueadores es crucial para prevenir fraudes electrónicos. También extorsiones y otras actividades ilícitas que amenazan la seguridad de los ciudadanos y las empresas en República Dominicana. Se estima que más del 85% de las llamadas fraudulentas que afectan a la población provienen de estos centros penitenciarios.