SANTO DOMINGO. – El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, advirtió que incautará los equipos y someterá a la justicia a la empresa Worldcoin Foundation en caso de desacato de la resolución que le prohíbe operar en el país por las cláusulas abusivas que tienen en sus contratos que no han sido aprobados por la institución con ciudadanos que ofrecen sus datos biométricos a cambio de criptomonedas.
Alcántara explicó que la advertencia se realizó a la empresa mediante un acto de alguacil, en el que resalta que en caso de que esa compañía no cumpla con la disposición establecida en la resolución número 2058-24, de fecha 12 de diciembre del presente año, harán uso de mecanismos legales constitucionales y jurisprudenciales, así como también la fuerza pública para garantizar el cumplimiento de la ley 358-05 de protección al consumidor y usuario.
El funcionario reafirmó que la aplicación de las medidas y normas establecidas en la ley que crea a Pro Consumidor tiene como objetivo salvaguardar la integridad, seguridad y derechos de los consumidores dominicanos.
Se recuerda que la entidad defensora de los consumidores ordenó el cese inmediato de las operaciones de Worldcoin Foundation, debido a cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, que requerían a los ciudadanos ofrecer sus datos biométricos a cambio de criptomonedas.
Pro Consumidor notificó la decisión mediante acto núm. 1840-24, de fecha 14 de noviembre de 2024, y se coordinó con el Departamento Jurídico para garantizar que los contratos de la empresa se apeguen a los preceptos legales establecidos en la normativa.
Un total de 7,478 personas han accedido a ofrecer la captura de sus iris en los centros de Worldcoin en Santo Domingo, a cambio de un pago.
Se recuerda, además, que la Junta Central Electoral (JCE) emitió un comunicado respaldando las medidas adoptadas por Pro Consumidor sobre la suspensión de dicha empresa y resaltó que es el único organismo con carácter de exclusividad para la recaudación, almacenamiento, tratamiento y procesamiento de los datos biométricos de las personas.
Finalmente, el funcionario manifestó que “la protección de los derechos de los consumidores es nuestra prioridad. No permitiremos que se violen las normativas establecidas y comprometamos la seguridad y la integridad de nuestros ciudadanos. Haremos uso de todos los mecanismos legales necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley”.