Estos son los inmigrantes a los que afecta la orden ejecutiva de Trump para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento
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Luego de su juramentación, el presidente, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva que busca acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, una de sus promesas migratorias más radicales. La orden será efectiva 30 días después de este lunes, el 19 de febrero de 2025.
La ciudadanía por derecho de nacimiento significa que cualquier persona nacida en Estados Unidos se convierte automáticamente en ciudadano estadounidense, un derecho consagrado en la Enmienda 14, y aplica a los hijos nacidos de una persona indocumentada o que estén en Estados Unidos con visa de turista o de estudiante y planeen regresar a su país de origen.
El texto de la Enmienda 14 reza: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”.
Pero la orden de este lunes asegura que el texto original de la enmienda, en particular lo que significa ser una persona «sujeta a su jurisdicción», ha sido malinterpretado por las cortes desde que fue ratificada en 1868, tal como esperaban expertos legales consultados por Noticias Telemundo.
Según razona el texto de la orden, «la Decimocuarta Enmienda nunca ha sido interpretada en el sentido de extender la ciudadanía universalmente a todas las personas nacidas en los Estados Unidos…. siempre ha excluido de la ciudadanía por derecho de nacimiento a las personas que nacieron en los Estados Unidos pero no estaban ‘sujetas a su jurisdicción”.
La orden busca entonces reeinterpretar lo que significa «estar sujeto a la jurisdicción» de EE.UU. al explicar: «Entre las categorías de personas nacidas en Estados Unidos y no sujetas a su jurisdicción, el privilegio de la ciudadanía estadounidense no se extiende automáticamente a las personas nacidas en Estados Unidos cuando la madre de esa persona está presente ilegalmente en Estados Unidos y el padre no es ciudadano de Estados Unidos ni residente permanente legal en el momento del nacimiento de dicha persona», o cuando la madre está en Estados Unidos en el momento del nacimiento de forma legal pero temporal, como con una visa de estudiante, trabajo o turista, y el padre no es ciudadano ni residente permanente legal en el momento del nacimiento.
«Es la política de Estados Unidos que ningún departamento o agencia del Gobierno … emitirá documentos que reconozcan la ciudadanía estadounidense, ni aceptará documentos emitidos por gobiernos o autoridades estatales, locales u otros que pretendan reconocer la ciudadanía estadounidense» a las personas que cumplan esas características.
En la página web de sus propuestas de campaña, en videos, en sus mitines, y en repetidas oportunidades en entrevistas con la prensa, Trump ha criticado la ciudadanía por derecho de nacimiento. En una entrevista con NBC News en diciembre, Trump dijo “tenemos que acabar con eso” y lo calificó como una regla “ridícula”.
Además sugirió que la ciudadanía por nacimiento era exclusivamente estadounidense, diciendo: “Somos el único país que la tiene”. Pero, según un estudio de la Biblioteca del Congreso, más de 30 naciones ofrecen la ciudadanía por derecho de nacimiento, entre ellas Canadá y Brasil.
A pesar de la orden ejecutiva, el primer obstáculo que Trump tendrá para poder implementar la derogación de este derecho es que es parte de la Constitución misma, bajo la Enmienda 14.
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Esta enmienda fue ratificada en 1868 tras el fin de la Guerra Civil para cimentar los derechos civiles de las personas que habían sido raptadas de África y esclavizadas en Estados Unidos y los de sus descendientes, le explicó en septiembre a Noticias Telemundo Elizabeth Wydra, presidenta y asesora jurídica principal del Centro de Responsabilidad Constitucional, un grupo de expertos de interés público y firma de abogados constitucionalistas.
El texto de esta enmienda dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”. Desde que fue incluído en 1868, la Corte Suprema ha sostenido, a través de los dictámenes que ha emitido por los últimos 150 años, que la enmienda garantiza la ciudadanía a quienes nazcan en territorio estadounidense, a excepción de los hijos de diplomáticos.
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“Es casi imposible la tarea de cambiar la Constitución”, ya sea modificando la Enmienda 14, o aprobando una ley por separado que en esencia cambiaría el significado de dicha enmienda, explicó Wydra.
El presidente por sí solo no puede modificar la Constitución, y la orden ejecutiva que Trump promete promulgar “en el primer día” si fuera electo sería impugnada inmediatamente en los tribunales por violar la Enmienda 14, explica la experta legal.
Tanto Trump como los congresistas que han redactado y propuesto leyes para cambiar la Enmienda 14 se han enfocado en que el lenguaje que habla de “jurisdicción” sea interpretado para que excluya a los hijos de inmigrantes indocumentados. Las leyes propuestas añaden lenguaje legal para que solo quienes tengan al menos un padre ciudadano califiquen para la ciudadanía.
“Es absurdo porque la Constitución garantiza que todas las personas que nacen en Estados Unidos son ciudadanos de Estados Unidos”, explicó en septiembre a Noticias Telemundo Joseph Malouf, abogado constitucionalista.
Incluso renombrados juristas conservadores como George Will y James Ho, juez designado por Trump al Quinto Circuito del Tribunal Federal de Apelaciones, uno de los más conservadores del país, han escrito en contra de los intentos por negarle ciudadanía a los hijos de indocumentados.
Will escribió en una columna en agosto para el diario The Washington Post que “la cláusula de ciudadanía repudió la peor decisión de la Corte Suprema, Dred Scott v. Sandford, que en 1857 sostuvo que los afroamericanos no podían ser ciudadanos. Sin embargo, la cláusula también debe interpretarse en el contexto de la premisa de lo que es Estados Unidos, que rechaza la política premoderna de sangre y tribalismo”.
“El texto, la historia, el precedente judicial y la interpretación del Poder Ejecutivo confirman que la Cláusula de Ciudadanía aplica a la mayoría de los hijos de extranjeros nacidos en Estados Unidos, incluidos los extranjeros ilegales”, escribió por su parte el juez Ho para el Immigration Policy Center en 2009
Una ley que pase por el camino regular de aprobación legislativa por el Congreso tampoco funcionaría, explica Malouf, porque “eso se tiene que cambiar con una enmienda, y [Trump] no lo va a poder hacer. La Constitución, para poder modificarla, necesitas no solamente el Congreso, que pase una enmienda, una modificación, pero también tienes que tener un 75% de los estados que voten a favor o en contra”.
El Consejo Estadounidense de Inmigración, un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes, precisó que aunque no tiene datos exactas, se calcula que hay 3.7 millones de niños nacidos en Estados Unidos que tienen al menos un progenitor indocumentado, según cifras del Censo estadounidense.
“Como han señalado muchos estudiosos, esta política actual se basa en un mito histórico y en una malinterpretación deliberada de la ley por parte de los defensores de las fronteras abiertas”, dijo Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento en un video de campaña. Pocos están de acuerdo.
El argumento jurídico, desarrollado por críticos de la inmigración, se centra en el texto de la Enmienda 14 que dice que la ciudadanía por derecho de nacimiento se concede a quienes “están sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos, e indican que ese lenguaje significa que se deniega la ciudadanía a cualquiera cuyos padres no estén legalmente en el país.
«Difícilmente puede decirse que los extranjeros con estatus irregular estén bajo la protección de Estados Unidos”, comentó Christopher Hajec, abogado del Immigration Reform Law Institute, otro grupo que apoya los límites a la inmigración.
Pero la mayoría de los expertos jurídicos afirman que el lenguaje de la jurisdicción sólo se refiere a las personas que no están sujetas a la legislación estadounidense, sobre todo los diplomáticos extranjeros.
Incluso el juez conservador Ho respalda esa opinión porque escribió en un artículo de 2009 que el lenguaje de la ciudadanía de la Enmienda 14 se aplica a “la mayoría de los hijos de extranjeros nacidos en Estados Unidos, incluidos los extranjeros con estatus irregular”.
Estar dentro de la jurisdicción de Estados Unidos significa simplemente que las personas están obligadas a obedecer las leyes estadounidenses, precisó Ho. “Y la obediencia, por supuesto, no depende de la condición de inmigrante”, añadió
Además de las dificultades legales, aplicar esta orden tendría muchos retos prácticos porque las agencias federales no tienen necesariamente el estatus migratorio de una persona al alcance de la mano y tendrían que acceder a la información no sólo del niño recién nacido, sino también a los datos de ambos progenitores.
A veces, esa información podría ser difícil de determinar, por ejemplo, si un progenitor no conoce el estatus migratorio del otro.
En noviembre, una portavoz de la Administración de la Seguridad Social señaló que la agencia no dispone de datos de estatus migratorios, y que tiene que verificar con el Departamento de Seguridad Nacional antes de expedir a los inmigrantes un número de la Seguridad Social.
Actualmente, un certificado de nacimiento estadounidense es lo único que se necesita para obtener un número de la Seguridad Social o un pasaporte.
Emma Winger, abogada del Consejo Estadounidense de Inmigración, dijo que la propuesta de Trump afectaría a cualquier niño nacido en Estados Unidos, ya que cada padre ahora tendría que dar un paso burocrático adicional para asegurarse de que su bebé está registrado como ciudadano.
“Todo el mundo confía en el hecho de que si han nacido aquí solo necesitan mostrar una prueba de nacimiento”, dijo. “Sería un cambio radical”.
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