Los motoristas, una emergencia de seguridad vial en República Dominicana
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En los últimos años, la República Dominicana ha sido testigo de un aumento alarmante en el número de motocicletas que circulan por sus calles y carreteras.
Según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en enero de 2024 el parque vehicular del país ascendía a 5,838,510 unidades, de las cuales un 56.5% corresponde a motocicletas, es decir, 3,298,697 motocicletas en circulación. Esto marca una clara tendencia hacia la preeminencia de las motocicletas como medio de transporte, pero también pone de manifiesto los graves problemas que este fenómeno genera en términos de seguridad vial.
Es común ver a motoristas que no respetan las señales de tránsito, se saltan los semáforos en rojo, suben a las aceras y se adentran en túneles y elevados, violando normas básicas de circulación. Estos actos no solo ponen en riesgo la vida de quienes los cometen, sino también la de los demás usuarios de las vías, como peatones, conductores de vehículos y pasajeros de transporte público.
El hecho de que gran parte de los delitos cometidos en el país tengan como protagonistas a motoristas es otro de los problemas que agrava la situación. Muchos de estos vehículos son utilizados en robos, atracos y otros actos delictivos, lo que genera una sensación de inseguridad en la población.
Las estadísticas del gobierno revelan que las motocicletas han crecido un 82.9 % en los últimos 10 años, lo que indica un aumento en su uso para fines criminales.
De hecho, durante 2022, el Gobierno dominicano implementó el Plan Nacional de Registro de Motocicletas, en un intento por controlar y regular el uso de estas unidades, especialmente en lo que respecta a la seguridad ciudadana. Sin embargo, la falta de aplicación rigurosa de las normativas y sanciones sigue siendo un obstáculo significativo.
Uno de los puntos más preocupantes es el alto porcentaje de motoristas que circulan sin el casco protector, una infracción que, aunque sea regulada por la ley, no es sancionada con la contundencia que la situación requiere.
Las cifras de accidentes fatales de motocicletas son alarmantes, y el no uso del casco contribuye significativamente a las muertes y lesiones graves. Además, el hecho de que muchos de estos conductores se involucren en carreras clandestinas en las vías públicas no hace más que aumentar el peligro para todos los usuarios de las vías.
El parque vehicular dominicano está evolucionando, pero con una orientación que no parece estar equilibrada con las políticas de control de tráfico y seguridad vial.
Las motocicletas, aunque son una herramienta indispensable para el transporte de muchas personas, también se han convertido en un medio de transporte inseguro y, en ocasiones, peligroso para la sociedad.
La creciente presencia de motocicletas en las calles ha generado una presión sobre el sistema de tránsito, que no parece estar preparado para hacer frente a esta realidad.
Los motoristas no son todos iguales. Es importante reconocer que muchos de ellos utilizan sus motocicletas de manera responsable, ya sea para ir a trabajar o para desplazarse en su tiempo libre. Sin embargo, también es cierto que un gran número de ellos están involucrados en conductas irresponsables y en actividades criminales.
Es necesario separar estos sectores y aplicar medidas más específicas para regular la circulación de motocicletas, especialmente las que están asociadas con actividades ilícitas.
Ante esta situación, resulta imperativo que las autoridades tomen medidas más drásticas para controlar la circulación de motocicletas en las ciudades y en las carreteras del país.
Las sanciones deben ser mucho más severas para aquellos conductores que violen las normas de tránsito, especialmente aquellos que ponen en peligro la vida de otros al no utilizar casco, cometer infracciones como cruzar en rojo o participar en carreras ilegales.
Además, se deben implementar políticas más eficaces de control y regulación del uso de motocicletas, para que no sean utilizadas con fines delictivos.
El Gobierno y las autoridades competentes deben enfocar sus esfuerzos en una política de educación vial más fuerte y en una supervisión más estricta. Es hora de que la República Dominicana tome conciencia de que la seguridad vial es una responsabilidad de todos, pero que las sanciones a los infractores deben ser contundentes y eficaces para lograr el cambio necesario.
La vida de los ciudadanos está en juego, y es necesario actuar con determinación para frenar esta grave problemática de los motoristas.
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