Legisladores en Misuri y Mississippi propusieron medidas que permitirían a ciudadanos recibir una recompensa de $1,000 dólares por proporcionar información que conduzca a la detención de inmigrantes indocumentados.

El plan contempla además la creación de un sistema de cazarrecompensas certificados con autoridad para identificar y detener a personas sin estatus migratorio regular

Estas propuestas, alineadas con las políticas de deportación masiva, promovidas por el presidente Donald Trump, generan fuertes críticas por el riesgo de abusos y discriminación.

De acuerdo con un reportaje de Telemundo, la iniciativa busca que cualquier persona pueda reportar a migrantes sospechosos de ser indocumentados, incentivando una vigilancia comunitaria sin precedentes.

El plan también contempla la expedición de licencias oficiales para cazarrecompensas, quienes podrían actuar como una especie de fuerza auxiliar en la detención de migrantes.

“Es muy peligroso porque los cazadores de recompensas no son policías, eso significa que podrían usar tácticas agresivas o cometer errores o poner vidas en peligro”, declaró Gabriela Cepeda, activista de la Hispanic Association, a la cadena de noticias.

Defensores de derechos humanos expresan preocupación por el impacto de estas medidas y alertan que podrían derivar en perfiles raciales, denuncias falsas y persecuciones arbitrarias.

El modelo de recompensas y cazarrecompensas recuerda tácticas empleadas para la captura de fugitivos y plantea un escenario en el que ciudadanos comunes podrían actuar como agentes de inmigración sin la formación adecuada.

Otras duras medidas que avanzan en distintos estados

Mientras Misuri y Mississippi avanzan con su modelo de recompensas y cazarrecompensas, otros estados impulsan medidas para restringir aún más los derechos de los inmigrantes.

En Oklahoma, ya se aprobó una norma que exige pruebas de estatus migratorio para los estudiantes en escuelas públicas. En Tennessee, se propuso el cobro de matrículas escolares a niños indocumentados, lo que podría afectar el acceso a la educación de miles de menores.

En Montana, los policías tendrían la facultad de verificar el estatus migratorio de las personas durante controles de tránsito. Iowa y Dakota del Sur buscan implementar licencias de conducir con marcadores que indiquen el estatus migratorio de los solicitantes, mientras que Texas evalúa exigir huellas dactilares a niños migrantes en los hospitales.

Por su parte, Florida podría establecer un departamento exclusivo para agilizar deportaciones, con un zar de Inmigración y un equipo de 140 empleados, según una legislación aprobada recientemente por el Congreso estatal y que ahora espera la firma del gobernador Ron DeSantis.