El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó dos amplias leyes que endurecen las condiciones de los migrantes irregulares y facilitan en este estado la aplicación de la agenda de deportaciones masivas del presidente de EE. UU., Donald Trump.

Los proyectos establecen penas más severas para los migrantes indocumentados que cometen delitos, requisitos de aplicación más estrictos para los funcionarios locales y cambios en el controvertido programa estatal de transporte de migrantes (el gobernador ya no tendrá poder unilateral para autorizarlos).

¿Por qué casos condenarían a pena de muerte a migrantes ilegales?

Uno de los aspectos controvertidos que forman parte de las leyes firmadas tiene que ver con el establecimiento automático de la pena de muerte para los indocumentados que sean declarados culpables de un delito capital, tales como asesinato o abuso sexual de un niño.

De acuerdo con algunos expertos, este aspecto seguramente enfrentará querellas legales, debido a que, como apuntaron algunos legisladores demócratas en el pleno de ambas cámaras, la Corte Suprema de EE. UU. dictaminó décadas atrás que las «sentencias obligatorias» y sin discreción del jurado eran inconstitucionales.

Las leyes, aprobadas en el marco de una sesión extraordinaria del Legislativo estatal, contemplan igualmente la creación de una Junta Estatal de Control de Inmigración, que estará compuesta por el gobernador, el comisionado de agricultura, el fiscal general y el director financiero del estado.

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Esta junta coordinará acciones legales y de seguridad con agencias federales y dispondrá de un fondo de 250 millones de dólares para distribuir entre las fuerzas de seguridad locales que ayuden a los esfuerzos federales en este campo, en aras de estimular la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Los textos fijan la creación de nuevos delitos estatales por entrada o reingreso ilegal a Florida, elevando la conducción sin licencia a un delito grave para migrantes indocumentados.

De igual modo, tipifica como delito el ingreso a Florida de indocumentados mayores de 18 años que ingresan al estado «después de entrar a Estados Unidos eludiendo o evitando el examen o la inspección de los agentes de inmigración«, y estarán sujetos a una pena carcelaria de nueve meses.

Se eliminan las matrículas como residentes de los estudiantes indocumentados en universidades públicas del estado, y todas las oficinas de los alguaciles locales tienen hasta abril para enrolarse en el programa federal 287(g) que concede autoridad a los agentes locales para realizar tareas propias de las agencias federales de inmigración.

«La Legislatura de Florida ha aprobado la legislación más fuerte para combatir la inmigración ilegal de cualquier estado en todo el país», dijo DeSantis en una rueda de prensa poco antes de firmar los proyectos de ley, y en la que estuvo acompañado del presidente del senado, Ben Albritton, y el titular de la Cámara Baja estatal, Daniel Pérez.

Este acto supone el cierre de semanas de desacuerdos entre DeSantis y los legisladores estatales, con mayoría republicana en ambas cámaras, a raíz de las reformas migratorias, las cuales merecieron las convocatorias de hasta tres sesiones especiales.