A un poco más de 10 días para que venza el plazo otorgado por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana para la inscripción de precandidatos a la nominación presidencial, la mayoría de los presidenciables se oponen al método propuesto, considerando que no cuenta con el consenso de todas las tendencias y que es ilegal.

Están en total desacuerdo con este método de escogencia los presidenciables: Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, Juan Ariel Jiménez, Charlie Mariotti y Margarita Cedeño.

Estos políticos consideran que el proceso no ha sido consensuado y que no representa los intereses de todas las facciones dentro de la organización.

Por otro lado, el único que ha respaldado el proceso y lo ha formalizado con su inscripción es Francisco Javier García. Este precandidato se inscribió el pasado 22 de marzo ante la Comisión de Arbitraje y Unidad, que coordina Lidio Cadet.

BOICOTEAR INSCRIPCIONES

Fuentes cercanas confirmaron a N Digital que miembros clave del Comité Central podrían presentar una instancia ante el Tribunal Superior Electoral para solicitar la nulidad del proceso.

En paralelo, existe la posibilidad de llevar el asunto ante el Tribunal Constitucional, ya que consideran que la disposición actual del CP entra en conflicto con la Ley Electoral, que estipula que la elección del candidato presidencial debe realizarse un año antes de las elecciones, es decir, en 2027.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y CONSULTA POPULAR

El Comité Político del PLD estableció un mes de plazo para la inscripción de precandidaturas presidenciales, que vence el 6 de abril.

Esta medida tiene como objetivo seleccionar al candidato presidencial en el primer trimestre de 2026, mediante una consulta popular.

La decisión del CP está siendo fuertemente cuestionada dentro de la organización.

Los potenciales precandidatos presidenciales consideran que la medida fue impuesta por un grupo dominante en el Comité Político, y argumentan que la escogencia tan temprana vulnera la Ley de Partidos Políticos y la Ley Electoral, además de no ser producto del consenso.

Los disidentes internos sostienen que la falta de consenso en este proceso es el principal motivo para su oposición.

Argumentan que participar en un proceso que consideran ilegal e ilegítimo iría en contra de sus principios.

Los representantes de estas tendencias internas afirman que defenderán sus derechos legales, estatutarios y constitucionales para participar en el proceso interno dentro de los plazos legalmente establecidos.