En la República Dominicana, los motoristas han venido representando un serio desafío para la seguridad vial. Aunque las motocicletas constituyen una parte importante del parque vehicular, debido a su accesibilidad y economía, el comportamiento de muchos de estos conductores es un factor que contribuye significativamente a la alta tasa de accidentes de tránsito en el país.

La violación sistemática de las leyes de tránsito por parte de los motoristas, como el robo de la luz roja, el exceso de velocidad, el uso indebido de las aceras y la conducción en vías contrarias, pone en riesgo no solo sus vidas, sino las de todos los ciudadanos que transitan por las calles, ya sea a pie o en vehículos.

Uno de los problemas más comunes es que muchos motoristas no respetan las señales de tránsito. En especial, el robo de la luz roja es una práctica recurrente que, además de ser ilegal, incrementa exponencialmente las probabilidades de accidentes.

A menudo, se observa cómo los motoristas se saltan los semáforos sin ningún tipo de precaución, cruzando calles a alta velocidad y sin el debido respeto por los demás usuarios de la vía. En muchos casos, estos conductores también se desplazan en sentido contrario, lo que genera confusión y aumenta las probabilidades de colisiones. A todo esto se suma el uso del celular

Otro problema grave es el exceso de velocidad. Las motocicletas, al ser vehículos más pequeños y ágiles, a menudo circulan a una velocidad superior a la permitida, lo que dificulta la reacción ante cualquier imprevisto en el tráfico. A esto se suma la peligrosa costumbre de muchos motoristas de subirse a las aceras para sortear el tráfico, lo cual pone en riesgo a los peatones, quienes a menudo se ven obligados a esquivar a los motociclistas que circulan a gran velocidad entre la multitud.

Además, no es raro ver a motoristas circulando sin el casco protector, a pesar de que la Ley 241-67 sobre Tránsito prohíbe su conducción sin este equipo de seguridad. Esto contribuye a la gravedad de las lesiones en caso de accidentes, lo que eleva aún más los costos sociales y médicos derivados de estos incidentes.

El costo de los accidentes y la responsabilidad del Gobierno

El impacto de estos accidentes no solo es evidente en las víctimas, sino también en las finanzas públicas. Según datos de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el gobierno destina una parte importante de sus recursos para cubrir los costos asociados con los accidentes de tránsito, especialmente aquellos relacionados con motocicletas.

Aunque las cifras exactas varían de un año a otro, el Ministerio de Salud Pública ha señalado que una gran proporción de los pacientes atendidos en los hospitales por accidentes de tránsito son motoristas y sus acompañantes. Se estima que los accidentes de tránsito le cuestan al país alrededor de RD$20,000 millones anuales, una cifra alarmante considerando que las motocicletas constituyen más del 40% del parque vehicular.

De este porcentaje, una gran parte de los accidentes y víctimas son atribuibles a los motoristas que violan las normas de tránsito de forma constante.

El rol de la Digesett y la necesidad de medidas más eficaces

Si bien la Digesett realiza operativos de manera intermitente, la efectividad de estas acciones sigue siendo cuestionada. La presencia de agentes de tránsito en puntos específicos no parece ser suficiente para disuadir a los motoristas de cometer infracciones.

Los operativos, al ser esporádicos y no contar con un control constante, dejan a muchos conductores en la sensación de que las leyes de tránsito son flexibles, lo que contribuye a la impunidad y a la cultura del «robo de luz roja», el exceso de velocidad y la conducción temeraria.

Una de las soluciones más urgentes es la implementación de un sistema de sanciones más severo y consistente. Proponer multas drásticas y diferenciadas según la gravedad de la infracción sería un paso importante para reducir el número de accidentes y fomentar el respeto por las leyes de tránsito.

Las multas no solo deben ser elevadas, sino también aplicadas de manera efectiva y sin excepciones. De esta manera, los motoristas se verían obligados a reflexionar sobre sus comportamientos y a tomar conciencia de los riesgos que implican sus acciones tanto para ellos como para los demás.

Asimismo, el gobierno debe fomentar una educación vial más intensa, dirigida no solo a los motoristas, sino también a los peatones y conductores de vehículos.

La prevención y la sensibilización juegan un papel fundamental en la reducción de accidentes de tránsito, por lo que es esencial que las campañas de concienciación se implementen de manera continua y en todos los niveles.

En definitiva, los motoristas en la República Dominicana tienen una gran responsabilidad al volante, pero desafortunadamente, muchos no la asumen. La falta de respeto por las leyes de tránsito, el incumplimiento de las normas de seguridad y la conducción irresponsable están cobrando un alto precio en vidas humanas y recursos del Estado.

Es imperativo que las autoridades tomen medidas más drásticas y efectivas, como el aumento de las multas y la aplicación de sanciones consistentes, para lograr una cultura vial más segura en el país. Sin estas acciones, la situación seguirá empeorando, poniendo en riesgo la vida de todos los que transitan las calles dominicanas.