El jueves, el gobierno de Trump dijo que impediría a la Universidad de Harvard matricular a estudiantes internacionales, apuntando a una fuente de financiación crucial para la universidad más antigua y acaudalada del país, en una importante escalada de los esfuerzos del gobierno por presionar a la escuela de élite para que se alinee con la agenda del presidente.

El gobierno notificó la decisión a Harvard —que podría afectar a una cuarta parte del alumnado de la universidad— tras un tira y afloja sobre la legalidad de una extensa solicitud de registros como parte de la investigación del Departamento de Seguridad Nacional, según tres personas con conocimiento de las negociaciones. Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir el asunto públicamente.

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Esta última medida intensifica el intento del gobierno de trastocar la cultura de la enseñanza superior, subvirtiendo directamente la capacidad de una de las principales universidades del país para atraer a los mejores y más brillantes estudiantes de todo el mundo. Esa capacidad, en todo el mundo académico, ha sido durante mucho tiempo una de las mayores fuentes de fortaleza académica, económica y científica de Estados Unidos.

También es probable que provoque una segunda impugnación legal por parte de Harvard, según otra persona conocedora de la forma de pensar de la universidad que insistió en el anonimato para hablar de las deliberaciones privadas. La universidad demandó al gobierno de Donald Trump el mes pasado por el intento de imponerle cambios en su currículo, sus políticas de admisión y sus prácticas de contratación.

“Escribo para informarle que, con efecto inmediato, se revoca la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio de la Universidad de Harvard”, según una carta enviada a la universidad por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional. The New York Times obtuvo una copia de la carta.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la medida se aplicaba a los estudiantes actuales y futuros.

“Harvard ya no puede matricular a estudiantes extranjeros, y los estudiantes extranjeros existentes deben trasladarse o perder su condición legal”, dijo el departamento en un comunicado de prensa el jueves, después de que Noem publicara la carta del gobierno en las redes sociales.

Alrededor de 6800 estudiantes internacionales asistieron a Harvard en el curso escolar 2024-25, es decir, aproximadamente el 27 por ciento del alumnado, según los datos de inscripción de la universidad. Esta cifra es superior al 19,7 por ciento del curso 2010-11.

Es probable que la medida tenga un efecto significativo en la universidad. La matrícula en Harvard es de 59.320 dólares para el curso escolar 2025-26, y los costos pueden ascender a casi 87.000 dólares si se incluye el alojamiento y la manutención. Los estudiantes internacionales suelen pagar cuotas más grandes de los costos de educación en comparación con otros estudiantes. (Harvard señala que ninguna de sus admisiones toma en cuenta la habilidad de los estudiantes de pagar, independientemente de su nacionalidad).

Un vocero de Harvard calificó la acción del gobierno de “ilegal”.

“Estamos plenamente comprometidos a mantener la capacidad de Harvard para acoger a nuestros estudiantes y académicos internacionales, que proceden de más de 140 países y enriquecen inconmensurablemente a la universidad, y a esta nación”, dijo Jason Newton, director de relaciones con los medios de comunicación de la universidad. “Estamos trabajando rápidamente para proporcionar orientación y apoyo a los miembros de nuestra comunidad. Esta acción de represalia amenaza con perjudicar gravemente a la comunidad de Harvard y a nuestro país, y socava la misión académica y de investigación de Harvard”.

El programa federal de visados para estudiantes está supervisado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que forma parte del departamento de Noem. La agencia es responsable de examinar a los estudiantes internacionales y de certificar a las universidades, los colegios comunitarios o los institutos que participan.

La normativa federal estipula cómo y por qué puede revocarse la certificación de una escuela, por ejemplo por incumplimiento de los requisitos de presentación de informes, que la carta de Noem mencionaba. Harvard ha mantenido que lo que pedía Noem excedía lo que exige la ley.

“Esto no tiene precedentes”, dijo Andrea Flores, ex funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional, (DHS, por su sigla en inglés) bajo la presidencia de Obama y ahora vicepresidenta de política de inmigración de FWD.us, un grupo de defensa de la migración. “El DHS nunca ha intentado remodelar el cuerpo estudiantil de una universidad revocando el acceso a sus sistemas de investigación de antecedentes, y es excepcional que se dirija en particular a una institución entre las centenares que certifica cada año”

Leo Gerden, un estudiante de último año de Harvard procedente de Estocolmo que ha sido un firme defensor en el campus de los estudiantes internacionales, dijo que estaba desolado por la noticia.

“Sin sus estudiantes internacionales y sin su capacidad de atraer a las mejores personas de todo el mundo, Harvard dejará de ser Harvard”, dijo Gerden, que se gradúa la próxima semana.

“El gobierno de Trump nos está utilizando ahora mismo como fichas de póquer”, añadió. “Es extremadamente peligroso”.

Harvard ha sido elogiada por presentar resistencia contra el presidente Trump y su gobierno, y los expertos jurídicos han dicho que la escuela tiene argumentos sólidos para recuperar la financiación federal para su investigación que el gobierno le quitó.

Pero la medida del gobierno es el ejemplo más reciente de por qué los altos cargos de Harvard han manifestado en privado su preocupación por encontrarse en medio de una crisis insostenible, ya que el gobierno sigue atacando a la escuela con pesadas investigaciones y amplios recortes de financiación.

Incluso si el gobierno de Trump se ve obligado a devolver a Harvard la financiación para investigación, la universidad tiene que hacer frente a cargas adicionales impuestas por el gobierno, como una investigación recientemente abierta por el Departamento de Justicia sobre las políticas de admisión de la escuela que incluye una engorrosa solicitud de registros.

La decisión de Noem del jueves se deriva de otra investigación que su agencia abrió el 16 de abril. En una carta a la escuela, exigió una gran cantidad de información sobre los titulares de visados de estudiante, afirmando que la universidad había “creado un entorno de aprendizaje hostil para los estudiantes judíos”.

Su petición incluía ocho criterios, entre ellos los cursos de cada estudiante internacional e información sobre cualquier titular de visado de estudiante que hubiera estado implicado en actividades ilegales.

La noticia de la investigación inquietó a muchos estudiantes y exalumnos, y suscitó la preocupación de los abogados de la universidad de que la petición del gobierno iba más allá de los datos que la escuela estaba legalmente autorizada a compartir, según personas familiarizadas con el asunto.

Harvard transmitió estas preocupaciones al gobierno el 30 de abril. Ese mismo día, la vicepresidenta ejecutiva de la universidad, Meredith Weenick, emitió una carta pública en la que se comprometía a proporcionar al gobierno solo la información “exigida por la ley” e instaba a los estudiantes a “centrarse al máximo en sus actividades académicas”

El gobierno respondió la semana siguiente, notificando a Harvard que la respuesta de la escuela no satisfacía la petición de Noem, según dijeron. En el mismo mensaje, el gobierno pareció restringir su petición al solicitar información sobre los estudiantes internacionales que cumplían alguno de los cuatro criterios.

La semana pasada, Harvard comunicó al gobierno que solo unos pocos estudiantes cumplían esos requisitos y pidió al gobierno aclaraciones adicionales sobre una de las peticiones.

Entonces, el jueves, Noem descalificó a Harvard del programa de visados para estudiantes, explicando que su decisión se debía a que la universidad “no cumplió con unos sencillos requisitos de información”.

A continuación, Noem amplió a seis la lista de criterios relativos a los expedientes de los estudiantes, y dio a Harvard 72 horas para cumplirlos.

Miles J. Herszenhorn colaboró con reportería desde Boston.

Michael S. Schmidt es reportero de investigación para el Times y cubre Washington. Su trabajo se centra en seguir y explicar investigaciones federales de alto nivel.

Michael C. Bender es corresponsal político del Times. Cubre a Donald Trump, el movimiento “Make America Great Again” y otras elecciones federales y estatales.