La Oficina de Atención Permanente impuso una fianza de 100,000 pesos al joven acusado de agredir físicamente a la agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), María Alejandra Toribio, lo que generó reacciones de impotencia y descontento entre los familiares de la oficial.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad se observa cómo la agente fue abordada de manera violenta por el acusado, Esmerlin Ricardo Castillo. Durante la audiencia, la oficial no pudo ocultar su dolor al ver que el imputado fue beneficiado con la libertad bajo fianza.

La madre de la agente expresó su inconformidad y lanzó fuertes críticas al sistema judicial, lamentando la carencia de protección que enfrentan muchas mujeres, incluso aquellas que pertenecen a instituciones estatales como cuerpos policiales o militares.

La medida de coerción había sido aplazada el pasado jueves, debido a que el imputado intentaba llegar a un acuerdo con la víctima antes de que se conociera la decisión judicial. Según el testimonio ofrecido por la agente María Alejandra Toribio, el incidente ocurrió cuando ella intentó detener un vehículo Hyundai rojo que circulaba en vía contraria.

El automóvil era conducido por una joven, mientras que Esmerlin Ricardo Castillo viajaba como acompañante. Al ser abordados, el imputado presuntamente reaccionó de manera alterada, vociferando expresiones ofensivas contra la oficial.

La agente explicó que el joven descendió del vehículo, la tomó del brazo derecho y le dobló la muñeca. Luego de este primer forcejeo, la oficial decidió alejarse para solicitar apoyo. No obstante, las imágenes de las cámaras muestran cómo el acusado la persiguió, la sujetó por el cabello y la lanzó al suelo.

Este acto fue ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación, lo que ha provocado distintas reacciones por parte de la ciudadanía, especialmente por tratarse de una servidora pública en pleno ejercicio de sus funciones.

Las autoridades continúan el proceso judicial correspondiente, mientras familiares de la agente reiteran su preocupación ante lo que consideran una respuesta insuficiente por parte del sistema judicial, y demandan mayor respaldo institucional para quienes cumplen funciones de orden público.