REDACCIÓN.- El director de Persecución, Wilson Camacho, expresó su desacuerdo con la medida de coerción impuesta a los empresarios Antonio y Maribel Espaillat, por considerar que «esta decisión se burla de las víctimas». Los hermanos Espaillat están señalados por homicidio involuntario, por el trágico colapso del techo de la discoteca Jet Set, que dejó un saldo devastador de 236 fallecidos y más de 180 heridos el pasado 8 de abril.

La jueza Fátima Veloz, titular del Décimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, determinó que ambos imputados deberán pagar una garantía económica de RD$50 millones, además de enfrentar la presentación periódica e impedimento de salida del país. Aunque el Ministerio Público logró que el Tribunal reconociera la complejidad del caso, las medidas adoptadas fueron calificadas por Camacho como insuficientes, argumentando que no reflejan correctamente la magnitud de la tragedia.

En medio de este panorama, la defensa de los Espaillat ha presentado documentos que evidencian compensaciones económicas otorgadas a más de 40 víctimas y sus familiares. Según estos informes, la empresa Inversiones E & L, S.R.L. ha firmado acuerdos de descargo y desistimiento con al menos 30 afectados, incluyendo músicos de la orquesta de Rubby Pérez y familiares de las víctimas, quienes han recibido apoyo financiero para cubrir gastos médicos y personales.

Uno de los casos destacados incluye a Zulinka Yadhira Pérez, hija del fallecido Rubby Pérez, quien recibió compensación financiera legalizada para costear sus gastos tras la tragedia.

Al mismo tiempo, la defensa ha solicitado que se desestime la prisión preventiva y argumentó en el tribunal que no hay riesgo de fuga ni de obstrucción del proceso. Presentaron evidencia que, según ellos, desmiente las acusaciones de negligencia dolosa, argumentando que las declaraciones de un exempleado, Gregory Adames, no reflejan la realidad, mostrando comunicaciones que sugieren una relación cordial entre Adames y los Espaillat.

En un comunicado reciente, la familia Espaillat presentó su versión de los hechos, insistiendo en que han actuado con responsabilidad y transparencia desde el incidente. Remarcaron que Antonio Espaillat estaba fuera del país el día del siniestro y que ha colaborado con las autoridades desde su regreso.

El 18 de junio, la familia lanzó un llamado a que se realice justicia basada en la evidencia y no en narrativas distorsionadas. Detallaron que han realizado gestiones para preservar la evidencia del colapso y han contratado a un perito internacional para evaluar la estructura afectada.

A medida que continúan los procedimientos legales, la controversia sigue generando una intensa discusión en la sociedad dominicana sobre justicia, responsabilidad y reparación a las víctimas de una tragedia que ha marcado profundamente al país.