La ciudad de Miami, la de mayor proporción de extranjeros en Estados Unidos, aprobó este martes un acuerdo que permitiría al Departamento de Policía asociarse con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para arrestar a migrantes a pesar de las protestas contra las redadas.

Pese a los cientos de ciudadanos que se manifestaron en contra en el Ayuntamiento, los comisionados de Miami avalaron por tres votos contra dos el ‘Acuerdo 287(g)’ con el que la policía local detendrá a inmigrantes indocumentados para que después ICE los deporte.

El convenio preocupa en particular porque el condado de Miami-Dade es el único en todo el país con más de la mitad de su población nacida en el extranjero, cerca del 54 %, según la organización USAFacts.

Además, el 70 % de estos residentes se considera hispano o latino, expuso Dariel Gómez, organizador de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU).

«Estamos aquí para mandar un mensaje claro y urgente, convertir a la policía local en agentes de inmigración bajo el Acuerdo 287(g) es peligroso para Miami. Miami es una ciudad construida por inmigrantes», declaró el activista.

Gómez y decenas de manifestantes protestaron antes y durante la votación fuera del Ayuntamiento, con pancartas en español con leyendas como «El pueblo unido defenderá a las familias migrantes» y las «familias merecen estar juntas».

Otras en inglés rezaban «ICE es la nueva Gestapo (la policía secretaria de la Alemania nazi)», «detengan los secuestros» y «paren las detenciones inhumanas y la deportación».

La decisión de Miami refleja que el estado de Florida es líder en la aplicación de la política migratoria del presidente Donald Trump, pues el gobernador, el republicano Ron DeSantis, ha impulsado leyes que obligan a las autoridades de los 67 condados a cooperar con ICE mediante los acuerdos 287(g).

Asimismo, el fiscal general, James Uthmeier, anunció el jueves pasado que Florida es el primer estado en tener asignado un oficial de enlace de ICE para «fortalecer la aplicación de la ley migratoria» y tener «una línea directa de comunicación» entre el Servicio de Inmigración federal y autoridades estatales y locales.

Por ello, el jefe de la Policía de Miami, Manny Morales, argumentó en la asamblea de este martes que la ley estatal los obliga a entrar en el acuerdo con ICE o, de lo contrario, perderían recursos estatales.

Pero Will Mann, asociado legal del Community Justice Project, consideró que los acuerdos 287(g) son peligrosos, son discriminatorios y son caros», además de que las ciudades no están obligadas a suscribirlos.