La encuesta también indica que apenas el 2,1 % de los consultados aprueba la gestión presidencial, mientras que otro 0,9 % se mostró indiferente. En múltiples regiones del país, el rechazo se intensifica: en la sierra central y sur se ubica en 98,8 %, en la Amazonía oriental en 97,7 %, y en la costa sur alcanza el máximo del 100 % de oposición al incremento salarial.

Asimismo, se evidenció que el 57,6 % de los peruanos califica a la presidenta como “muy incapaz”, y otro 36 % como “incapaz” para gobernar, consolidando una percepción de ineptitud en la ciudadanía. Además, un 70 % solicitó su renuncia inmediata, contra un 29 % que prefirió que culminara su mandato en julio de 2026.

Este rechazo se produce en un contexto de crisis prolongada que remonta al estallido social de 2022–2023 tras la destitución de Pedro Castillo, período durante el cual se produjeron decenas de muertes provocadas en protestas y una creciente desconfianza en el Ejecutivo. El nuevo escándalo salarial intensifica aún más la percepción de desconexión entre Boluarte y la población.

La medida de doble renumeración fue aprobada por el gabinete y promovida por la Presidencia del Consejo de Ministros como una comparación con estándares de remuneración en América Latina. Sin embargo, su ejecución sin transparencia ni debate público profundizó un desencanto generalizado, especialmente en un país con aproximadamente 30 % de la población en situación de pobreza.

Pese a los resultados, la presidenta ha restado importancia a las encuestas, afirmando que mide su respaldo “en las calles” e incluso solicitó a los sondeadores “que le pusieran cero” directamente.

Este escenario pone en evidencia el desgaste institucional del gobierno, la falta de confianza de los sectores sociales, y el creciente cuestionamiento de su legitimidad en el tramo final de su administración.