El Estado dominicano y las distribuidoras EDESUR, EDENORTE y EDEESTE presentaron una querella penal en la que reclaman una indemnización de RD$50 mil millones contra exfuncionarios y empresarios acusados de integrar un entramado de corrupción en el sector eléctrico mediante contratos fraudulentos y sobrevalorados.

Indica Noticias SIN que la acción, depositada ante el Ministerio Público y suscrita por el licenciado Andrés Astacio Polanco, en representación del Estado, señala como principales acusados a Jerges Rubén Jiménez Bichara, Luis Ernesto de León Núñez, Rubén Montás Domínguez, Radhamés del Carmen Mariñez y Julio César Correa, junto a los empresarios Maxy y Gerardo Montilla Sierra, Juan Alexis Medina Sánchez —hermano del expresidente Danilo Medina— y otros vinculados.

Según la querella, los acusados, en complicidad con funcionarios y miembros de comités de compras, favorecieron a más de veinte empresas mediante procesos amañados y contratos sobrevalorados que violaban la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas. El esquema habría funcionado entre 2012 y 2020, provocando pérdidas millonarias al Estado.

Lo que pide el Estado

En su petitorio, los querellantes reclaman:

La admisión de la querella y la apertura formal de una investigación penal.

La imposición de medidas de coerción, incluidas prisiones preventivas y embargos, dada la gravedad de los hechos y el riesgo de ocultamiento de pruebas.

La nulidad de los contratos fraudulentos y la persecución penal por delitos de estafa agravada, prevaricación, coalición de funcionarios, falsificación, soborno, asociación de malhechores y lavado de activos.

La declaración de actor civil a favor del Estado y las distribuidoras, con una demanda de RD$50,000 millones como indemnización provisional por daños y perjuicios.
La querella, presentada el 14 de junio de 2021, fue elaborada por el equipo legal conformado por los abogados Miguel Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Güílamo, bajo instrucción del Poder Ejecutivo.

Impacto económico

De acuerdo con la querella, el esquema provocó pérdidas multimillonarias al erario.
Los recursos desviados estaban destinados a la compra de equipos, la expansión de redes eléctricas y la mejora del servicio. Como consecuencia:

Proyectos quedaron inconclusos o nunca se ejecutaron.

Se aumentó la dependencia del subsidio eléctrico, cargando más presión al presupuesto nacional.

Comunidades quedaron sin acceso a obras prometidas.

Además del daño financiero, la acción denuncia un profundo deterioro de la confianza pública en las instituciones encargadas del sector eléctrico.