El presidente colombiano Gustavo Petro anunció ese lunes que Estados Unidos quitó la certificación de aliado en la lucha contra las drogas a Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, lo que confirma el estancamiento diplomático entre ambos gobiernos.

La certificación es una evaluación que desde 1986 hace cada año Washington sobre los esfuerzos antinarcóticos de una veintena de países productores y distribuidores a cambio de recursos. En el caso de Colombia, representa una ayuda de unos 380 millones de dólares anuales.

«Los Estados Unidos nos descertifica después de decenas de muertos, de policías, de soldados de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína», dijo el mandatario izquierdista en un consejo de ministros.

Poco después llegaba en Washington el comunicado oficial, según el cual Colombia se une a Bolivia, Birmania y Venezuela como países que han «fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses tanto en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico como en tomar las medidas requeridas» según la legislación estadounidense.

Para Colombia es la primera vez que Washington descertifica su lucha antinarcóticos desde 1996, mientras que Bolivia, Birmania y Venezuela son señalados desde hace años por los gobiernos tanto demócratas como republicanos.

«El cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de buscar acuerdos con grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis» considera la determinación presidencial firmada por Trump.

«El incumplimiento de Colombia de sus obligaciones de control de drogas durante el último año recae únicamente en su liderazgo político. Consideraré cambiar esta designación si el gobierno de Colombia toma medidas más agresivas», añade el texto.

La descertificación de Washington golpea la cooperación para que la fuerza pública de Colombia combata a cárteles como el Clan del Golfo y guerrillas dedicadas al tráfico como el ELN, y las disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz de 2016.

Bogotá considera que sigue haciendo lo suficiente. En lo que va del año 2025 Colombia ha decomisado 700 toneladas de cocaína y ha destruido la cifra récord de 4.570 laboratorios clandestinos, según datos distribuidos por el ministerio de Defensa.

– El caso Samper –

Colombia fue descertificada una primera vez en 1996.

En ese año gobernaba Ernesto Samper, que enfrentó un escándalo por la presunta financiación de su campaña por parte del Cártel de Cali, que nunca fue comprobada.

Entre 2000 y 2018 Estados Unidos entregó a Colombia más de 10.000 millones de dólares, según el Congreso estadounidense, para fines militares, sociales y de erradicación de narcocultivos. Estados Unidos es el principal socio comercial y militar de Colombia.

Desde que llegó al poder en 2022, el presidente Gustavo Petro promueve un cambio de enfoque en la guerra contra las drogas por considerarla un fracaso y suspendió la erradicación forzada de hoja de coca, principal componente de la cocaína.

Año tras año el país rompe su propio récord de área sembrada con esa planta y de producción del polvo blanco.

En su territorio hay unas 253.000 hectáreas de narcocultivos y se elaboran por lo menos 2.600 toneladas anuales de cocaína, de acuerdo con el último balance de 2023 de la ONU.

Las relaciones diplomáticas entre Trump y Petro son malas, especialmente debido a las críticas del mandatario colombiano a su política de deportación de migrantes.

El aumento en la capacidad de los cárteles para producir cocaína en Colombia coincide con la peor crisis de seguridad en el país desde la desmovilización del grueso de las FARC.

Guerrilleros que también se financian de la minería ilegal realizan constantes ataques y atentados con explosivos contra la fuerza pública y la población civil.

El gobierno asegura que se trata de actos desesperados ante los operativos contra estos carteles para decomisarles cocaína y arrebatarles a la fuerza los territorios que dominan.

Para el presidente Petro, el despliegue de buques estadounidenses en el Caribe, que desembocó hasta ahora en la destrucción de dos lanchas supuestamente provenientes de Venezuela con droga a bordo, es una afrenta.

Catorce presuntos narcotraficantes murieron en esos ataques.