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SANTO DOMINGO, RD.- Indonesia vive una ola de protestas sin precedentes por el aumento salarial de sus legisladores.
Se reveló que los 580 miembros de la Cámara de Representantes reciben 50 millones de rupias mensuales (aproximadamente 3.000 dólares), diez veces más que el salario mínimo del país, lo que provocó la indignación de una población ya afectada por desempleo y altos costos de vida.
Miles de ciudadanos salieron a las calles en distintas provincias para exigir transparencia y justicia económica. Las manifestaciones escalaron en violencia, especialmente en Makassar, donde manifestantes incendiaron el Congreso regional, dejando al menos tres muertos y varios heridos, y atacaron viviendas de legisladores y edificios gubernamentales en Surabaya y Bandung.
SANTO DOMINGO, RD.- Indonesia vive una ola de protestas sin precedentes por el aumento salarial de sus legisladores.
Se reveló que los 580 miembros de la Cámara de Representantes reciben 50 millones de rupias mensuales (aproximadamente 3.000 dólares), diez veces más que el salario mínimo del país, lo que provocó la indignación de una población ya afectada por desempleo y altos costos de vida.
Miles de ciudadanos salieron a las calles en distintas provincias para exigir transparencia y justicia económica. Las manifestaciones escalaron en violencia, especialmente en Makassar, donde manifestantes incendiaron el Congreso regional, dejando al menos tres muertos y varios heridos, y atacaron viviendas de legisladores y edificios gubernamentales en Surabaya y Bandung.
El presidente Prabowo Subianto desplegó al ejército y suspendió algunos privilegios de los diputados, incluyendo viajes al extranjero y asignaciones de vivienda, pero la frustración ciudadana persiste.
Organizaciones de derechos humanos denuncian uso excesivo de la fuerza y exigen investigaciones independientes, mientras plataformas digitales limitan funciones en vivo para frenar la difusión de violencia.
La crisis refleja la creciente brecha entre la élite política y la ciudadanía, y mantiene a Indonesia en un estado de alta tensión social y política, con la comunidad internacional observando de cerca posibles repercusiones en la estabilidad del país.
