Santo Domingo.- La salud en República Dominicana se ha convertido en un negocio, y un negocio lujoso. Lo que está pasando con el Seguro Nacional de Salud (SENASA) lo confirma, aseguró este martes la presidenta de la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA).

Alba Reyes explicó que la atención primaria de salud no genera los recursos económicos que los actores importantes del sistema buscan y reciben.

Tomó como ejemplo el alquiler, por parte de SENASA, de 38 centros privados, llamados “puntos médicos”, para ofrecer servicios básicos. Según ADESA, esta operación representa un gasto fijo de 65 millones de pesos en beneficio de un grupo empresarial, mientras las unidades públicas permanecen desatendidas.

“Nos preguntamos por qué destinar recursos públicos al sector privado cuando existen más de 1,900 unidades que necesitan inversión. Hemos llamado a esos centros y muchos no ofrecen los servicios que anuncian, como pediatría, ginecología, nutrición u oftalmología. Incluso, mucha gente ni sabe que existen”, apuntó Reyes en el programa El Día.

Para la dirigente social, esta política evidencia la falta de enfoque en las prioridades de salud. “Lo que hay detrás es un negocio».

Falta de prioridad en la salud primaria

La atención primaria de salud, reconocida en todo el mundo como el primer eslabón para garantizar el bienestar de la población, sigue siendo el punto débil del sistema dominicano.

Reyes califica este nivel de atención como “la cenicienta del sistema” a pesar de su importancia para prevenir enfermedades, reducir la presión hospitalaria y acercar los servicios a la ciudadanía.

Según Reyes, aunque el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud (SNS) han anunciado avances, la realidad en los territorios dista mucho de los reportes oficiales.

“Se habla de 583 unidades remozadas, pero cuando vas a los barrios y comunidades encuentras precariedades que siguen intactas: centros en locales alquilados, falta de médicos de familia, ausencia de especialistas y escasez de insumos básicos”, asegura.

1,950 centros que no alcanzan

El país cuenta con alrededor de 1,950 centros de atención primaria, pero para cubrir las necesidades de la población deberían existir al menos 6,000 unidades, advierte Reyes.

Esta brecha genera un desequilibrio que se traduce en hospitales de segundo y tercer nivel abarrotados de pacientes que pudieron recibir atención oportuna en la primera línea.

“El resultado es un sistema saturado, con emergencias llenas, pacientes en pasillos y enfermedades que pudieron prevenirse con un diagnóstico temprano”, señala.

A su juicio, medir el éxito en salud por la cantidad de consultas hospitalarias es un error.

“El verdadero indicador de avance sería tener menos enfermos en los hospitales porque se atendieron antes en la comunidad”, agrega.

La importancia del primer nivel

Las unidades de atención primaria están diseñadas para acercar la salud a las comunidades. Allí, los ciudadanos deberían encontrar un médico de familia o general, un ginecólogo, una enfermera y una red de promotoras comunitarias.

Además de consultas, estos espacios deben garantizar educación, prevención y promoción de estilos de vida saludables.

“Cuando hablamos de atención primaria, hablamos de la embarazada que necesita control prenatal cerca de su casa, del diabético o hipertenso que requiere seguimiento, de la persona desnutrida que necesita orientación. Son servicios que salvan vidas y reducen gastos al sistema”, enfatiza Reyes.

La ausencia de estas unidades provoca que muchos pacientes se salten este primer nivel y acudan directamente a hospitales, o peor aún, que mueran en sus comunidades porque no tienen recursos para trasladarse.

Precariedades persistentes

Aunque el Gobierno ha inaugurado y remodelado algunos centros, la presidenta de ADESA insiste en que la realidad en terreno es alarmante.

“Encontramos unidades sin médicos especialistas, atendidas por pasantes. Otras no tienen materiales básicos, ni siquiera para procedimientos sencillos. Muchas funcionan en locales alquilados, sin condiciones dignas”, denuncia.

Esta situación, asegura, demuestra que los recursos se están orientando a proyectos visibles, como grandes hospitales, pero no a fortalecer la base del sistema.

“No se trata de cortar cintas, sino de garantizar que la gente pueda recibir un servicio cercano y confiable”, subraya.

Casos que reflejan el colapso

Reyes relata experiencias que ilustran el peso que la deficiencia en atención primaria coloca sobre los hospitales.

“En San Cristóbal, un familiar mío con un accidente cardiovascular pasó cuatro días en emergencia sentado en una silla porque no había camas disponibles. En el hospital Marcelino Vélez ocurre lo mismo: pacientes graves en condiciones indignas”, ejemplifica.

Este panorama, advierte, es consecuencia directa de no invertir en la prevención y el diagnóstico temprano.

“Cada peso invertido en atención primaria reduce un 67% de enfermedades, lo dijo el propio ministro de Salud. Sin embargo, se sigue apostando a soluciones tardías y más costosas”, lamenta.

Falta de control y corrupción

ADESA también cuestiona los procesos de contratación y supervisión en el sector salud.

“Con SENASA vemos otra muestra de corrupción: contratos grado a grado, sin licitaciones transparentes, y ausencia de mecanismos de control. Recursos públicos puestos en manos privadas sin rendición de cuentas”, afirma Reyes.

Por ello, la organización insiste en la necesidad de participación social en la gestión de la salud.

“La ciudadanía debe ser parte de estos procesos, vigilar cómo se usan los fondos y exigir que se respeten los derechos. No podemos seguir tolerando que se juegue con un tema tan sensible como la salud”, sostiene.

Llamado a la acción

De cara al futuro, ADESA recomienda al Estado concentrar esfuerzos en fortalecer las unidades de atención primaria existentes, ampliar la red hasta alcanzar las 6,000 necesarias y garantizar que cuenten con infraestructura, personal y equipamiento adecuados. Además, sugiere revisar los contratos de SENASA y priorizar la inversión en el sector público.

“La atención primaria no puede seguir siendo la cenicienta del sistema. Es la clave para un país más sano, para reducir gastos hospitalarios y, sobre todo, para evitar muertes prevenibles. El Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho”, dijo Reyes.