Las autoridades estadounidenses tomarán fotografías de todos los extranjeros y los datos biométricos de algunos de ellos cuando entren y salgan del país por aire, tierra o mar, según una nueva regla que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) publicó este lunes.

La normativa, que entrará en vigor el 26 de diciembre tras difundirse ahora en el Registro Federal, permitirá al DHS recolectar los datos biométricos, como las huellas digitales y aspectos faciales, de los extranjeros en los aeropuertos, puntos terrestres y puertos marítimos cuando abandonen Estados Unidos.

El DHS argumentó que «implementar un sistema biométrico integrado de entrada y salida que compare los datos biométricos de los extranjeros recolectados a su llegada con los recolectados a su partida ayudará a abordar las preocupaciones de seguridad nacional».

Entre las amenazas que combatirá el nuevo sistema, el Gobierno citó el terrorismo, el uso fraudulento de documentos de viaje, la sobrestadía de los visitantes, e información incorrecta o incompleta de los viajeros.

«Dicho sistema también permitirá al DHS confirmar de manera más concreta la identidad de los extranjeros que estén buscando entrada o admisión a Estados Unidos, y verificar su salida de Estados Unidos», expuso el DHS en la regla.

La nueva directriz abarca a todos los no ciudadanos, incluyendo a quienes tengan una visa, residentes temporales, trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores.

El hecho que estos datos se tomen a la salida del país «simboliza un cambio fundamental en la política fronteriza y de vigilancia biométrica», advirtió la firma legal Lincoln-Goldfinch Law, con sede en Austin, Texas, en un posicionamiento.

«Cuando se recolectan datos biométricos tanto en la salida como en la entrada, estamos entrando en un nuevo paradigma de vigilancia que exige supervisión jurídica activa. Las familias deben saber qué pasará con sus datos, cuánto tiempo se conservarán y cómo aclarar malentendidos», declaró Kate Linconl-Goldfinch, abogada migratoria.

La defensora de derechos civiles opinó que «el Gobierno no puede tratar por igual a todos los no ciudadanos sin evaluar cada caso», por lo que pidió «asegurar que esta regla se aplique con aviso claro, salvaguardias constitucionales y mínima interferencia con los viajes legales».