El gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles que solicitará a las aerolíneas cancelar vuelos a partir del viernes para «reducir la presión» sobre el control aéreo, un sector con un alto nivel de ausentismo debido al cierre del gobierno.

Estados Unidos entró este miércoles en su 36º día de cierre gubernamental, el más largo de la historia, debido a la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso para aprobar un nuevo presupuesto.

«Habrá una reducción del 10% de la capacidad en 40» aeropuertos, entre ellos los más concurridos del país, dijo en conferencia de prensa el secretario de Transporte, Sean Duffy.

«Nos hacen falta 2,000 controladores aéreos» por lo que es necesario «reducir la presión», explicó.

«Creo que estos tipos son kamikazes. Derribarán al país si tienen que hacerlo», dijo Trump en alusión a la encarnizada resistencia de los demócratas a reabrir el gobierno.

En las últimas seis semanas, la parálisis presupuestaria por falta de acuerdo entre los dos partidos en el Congreso ha dejado a unos 1,4 millones de empleados del sector público sin cobrar su sueldo.

Los que cumplen tareas «esenciales», como los controladores aéreos o las fuerzas de seguridad, han debido seguir trabajando sin pago.

«El sistema es extremadamente seguro hoy, lo será mañana. Y si la presión sigue aumentando, incluso después de haber tomado estas medidas, volveremos y tomaremos medidas adicionales» explicó a la prensa Bryan Bedford, patrón de la agencia reguladora aérea FAA.

Bedford dijo no recordar que una reducción de este tipo haya sido decretada «durante (sus) 35 años de carrera en el sector aéreo».

«Es una situación muy inusual. Nuestros controladores no han recibido su salario desde hace un mes. Estamos deseando poder volver a trabajar con normalidad nuevamente» explicó.

En promedio, 44,000 vuelos son supervisados por la FAA cada día, según su sitio web.

EXIGENCIAS

El gobierno ha estado parcialmente paralizado desde que el Congreso no logró aprobar un proyecto de ley para mantener financiados los departamentos y agencias federales después del 1 de octubre, cuando comenzó el nuevo año fiscal.

Los republicanos, que disponen de mayorías muy estrechas en ambas cámaras, quieren que cinco senadores demócratas secunden su resolución legislativa para mantener el financiamiento hasta finales de noviembre, mientras discuten los temas presupuestarios de fondo.

Pero el Partido Demócrata, que ve con alarma cómo Trump utiliza todo el poder a su alcance para imponer su agenda, muestra un frente unido.

Su exigencia es que todas las propuestas de salud de las reformas republicanas sea frenado en seco y que sea discutido de nuevo, desde cero, lo que significa desmantelar buena parte de una gigantesca ley que Trump logró aprobar hace menos de seis meses.

SEÑALES TRAS BASTIDORES 

Aunque los líderes de ambos lados han mostrado poco interés en comprometerse, ha habido señales de negociación entre los moderados.

Un grupo bipartidista separado de cuatro miembros centristas de la Cámara de Representantes presentó el lunes un marco de compromiso para reducir los costos del seguro médico.

Los demócratas creen que los millones de estadounidenses que ven cómo se disparan las primas al inscribirse en programas de seguro médico para el próximo año presionarán a los republicanos para buscar un compromiso.

Trump exigió este miércoles a los republicanos que utilicen el «arma nuclear» legislativa: eliminar la barrera mínima de 60 votos en el Senado, lo que se conoce como el filibusterismo, para pasar por encima de la oposición demócrata.

«¡Republicanos, acaben con el filibusterismo! ¡Vuelvan a aprobar legislación y reformas electorales!», clamó en su plataforma Truth Social.

Acabar con el filibusterismo es un arma de doble filo: el umbral de 60 votos en el Senado fue fijado precisamente por los demócratas en 2013 para impedir el obstruccionismo de los republicanos.

Si el Congreso volviera a sacarlo, los demócratas podrían verse tentados en el futuro a utilizarlo para intentar, por ejemplo, que Puerto Rico o Washington adquieran rango de estado en la Unión.