La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) expresó su respaldo a las empresas que solicitaron a la Comisión de Defensa Comercial (CDC) el inicio de un proceso de investigación que decida sobre la aplicación de una medida de salvaguardia a las galletas importadas de países con los que el país no tiene acuerdos de libre comercio, al tiempo que defendió la importancia de permitir que el proceso siga su curso conforme a la normativa vigente.

En una declaración pública, el principal gremio industrial del país afirmó que su posición se fundamenta en el respeto estricto a las reglas de juego y a los mecanismos institucionales establecidos para proteger la producción nacional.

“Las empresas que han sometido la solicitud de investigación han actuado acorde al marco legal correspondiente y en uso legítimo de los instrumentos de defensa comercial contemplados por la Ley 1-02 sobre Prácticas Desleales en el Comercio y Medidas de Salvaguardias, así como por los acuerdos correspondientes de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de los que somos parte” precisó el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols.

El ejecutivo del gremio de los industriales subrayó la relevancia del trabajo que realiza la CDC, a la que definió como “una institución esencial para garantizar la protección de la industria local ante prácticas desleales o incremento de importaciones que puedan causarle daño”. Adicionalmente, precisó que “es la misma Ley 1-02 la que declara de interés nacional la protección a la producción nacional ante los incrementos en las importaciones de galletas que se han visto en el mercado local”.

Recordó que lo que se ha publicado hasta ahora es únicamente el inicio de la investigación y que la ley establece etapas precisas que deben cumplirse antes de cualquier decisión oficial por parte de la CDC. 

“La CDC ha informado que la resolución preliminar se publicará a más tardar a finales de febrero de 2026. Por lo pronto, toca esperar que este proceso administrativo continúe con normalidad, recordando que cada decisión de la CDC es recurrible, por lo que cualquiera de las partes involucradas que entienda que sus derechos han sido afectados tiene la facultad de ventilar el tema ante los tribunales competentes”, precisó Pujols.

La AIRD reiteró su confianza en la institucionalidad del país y en la capacidad técnica de la CDC para conducir una investigación rigurosa, transparente y apegada a los criterios establecidos por la Ley 1-02 y los acuerdos aplicables de la OMC.