Los Cangris, Inc. y Ramón L. Ayala Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee, radicaron una demanda en el Tribunal Federal contra Raphy Pina, Mireddys González, el licenciado Edwin Prado, Andrés Coll y varias entidades vinculadas a ellos. El recurso legal invoca el RICO Act federal y la Ley de Crimen Organizado de Puerto Rico, al afirmar que existió una organización estructurada cuyo propósito era apropiarse ilícitamente de derechos de autor y desviar regalías pertenecientes a Daddy Yankee y a otros artistas.

De acuerdo con el documento judicial obtenido por People en Español, desde alrededor de 2015, Pina y su círculo habrían alterado o manipulado documentos esenciales de la industria musical —incluyendo split sheets, contratos y formularios de copyright— para colocar a Pina como supuesto coautor de temas reconocidos. Esa presunta manipulación, según los demandantes, habría provocado la pérdida de millones en regalías y la alteración de archivos oficiales en la Oficina Federal de Copyright. La demanda también sostiene que Pina utilizó tácticas de intimidación, coerción y hasta violencia para controlar a los artistas y evitar que reclamaran.

Los querellantes piden compensación económica, la corrección de los registros alterados y medidas que impidan que esquemas similares vuelvan a repetirse. Argumentan que lo ocurrido no solo causó daño financiero, sino que afectó la transparencia y la herencia cultural del reguetón.

El documento describe además que Andrés A. Coll-Fernández fue una figura clave para Pina, sirviendo como asistente principal y mentor. Se le atribuye haber validado y distribuido declaraciones de publicación consideradas fraudulentas, confirmando asignaciones falsas de derechos en distintas canciones, lo que —según la demanda— ayudó a ocultar el esquema y le generó beneficios económicos.

En el caso de Mireddys González, se señala que actuó como administradora dentro de la operación, preparando asignaciones que habrían aumentado artificialmente las participaciones de Pina-Nieves y reducido las de los demandantes. También se alega que transmitió estos documentos a través del comercio interestatal y que excluyó a Ayala Rodríguez de múltiples comunicaciones para mantener encubierta la apropiación indebida y darle apariencia legítima al proceso.