Santiago, RD. – El Ministerio Público solicitó este lunes la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra tres imputados vinculados al caso Onco14, investigado por un presunto esquema de fraude contra el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), mediante el cual habrían sido sustraídos fondos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La solicitud fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), junto a fiscales de la jurisdicción.
Imputados en el caso
El Ministerio Público pide la medida de coerción contra:
- Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer
- Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida
- Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta y exauditora del patronato
También se incluyen dos razones sociales vinculadas al caso.
Presunto esquema de fraude
De acuerdo con la acusación, los imputados habrían participado en una estructura que ejecutó diversas maniobras fraudulentas, entre ellas:
- Cambio de indicaciones médicas y uso de sellos falsos
- Doble facturación al SeNaSa
- Venta y desvío de medicamentos donados
- Contrabando con exoneraciones fiscales
- Reembolsos irregulares de gastos
- Uso indebido de instalaciones médicas para fines no autorizados
- Sabotaje digital y robo de archivos
El Ministerio Público también señala posibles hechos de lavado de activos, estafa contra el Estado, soborno, asociación de malhechores y delitos tecnológicos.
Operación Onco14
Los imputados fueron arrestados durante la Operación Onco14, ejecutada por el Ministerio Público con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal, en la que se ocuparon dinero en efectivo, armas, vehículos, documentos, equipos electrónicos y otros elementos de prueba.
Investigación y contexto
Según la acusación, la estructura operó durante varios años dentro del sistema de administración del IORC, institución dedicada al tratamiento de pacientes con cáncer en la región del Cibao.
El Ministerio Público sostiene que el esquema afectó directamente a pacientes oncológicos y al Estado dominicano, mediante el uso indebido de fondos destinados a servicios de salud.
