Santo Domingo, República Dominicana.– La difusión no autorizada de fotografías, videos, audios y datos personales de estudiantes se ha convertido en uno de los principales desafíos para la convivencia escolar en la era digital, especialmente cuando los contenidos involucran a menores de edad.
Ante este escenario, el Ministerio de Educación (Minerd) puso en discusión la Orden Departamental 011-2026, una disposición que incorpora medidas para prevenir y atender situaciones relacionadas con el ciberacoso, la violencia digital y la exposición de miembros de la comunidad educativa.
La normativa busca establecer reglas para el uso responsable de dispositivos tecnológicos dentro de los centros educativos y reforzar la protección de estudiantes, docentes y personal administrativo frente a la difusión de contenido sin autorización.
Entre sus disposiciones figura la prohibición de grabar, fotografiar o difundir imágenes, videos y audios de estudiantes, docentes o personal administrativo sin el consentimiento correspondiente.
El desafío de las redes sociales
La aplicación de estas medidas ocurre en un contexto en el que las situaciones registradas dentro de las escuelas pueden terminar rápidamente en redes sociales y aplicaciones de mensajería.
Una pelea entre estudiantes, una agresión, una situación de acoso o incluso una fotografía tomada dentro de un centro educativo puede ser grabada y compartida en cuestión de segundos, alcanzando a cientos o miles de personas.
El problema adquiere mayor dimensión cuando los contenidos permiten identificar a menores de edad, sus centros educativos o circunstancias personales.
En estos casos surge un desafío para las autoridades: determinar cómo actuar ante quien protagoniza el hecho, quien realiza la grabación, quien publica el contenido y quienes posteriormente lo comparten o amplifican.
Más que prohibir celulares
La discusión sobre la convivencia digital no se limita al control de teléfonos celulares dentro de las escuelas.
Los centros educativos también deben enfrentar situaciones en las que la tecnología forma parte de las actividades académicas, investigaciones escolares o procesos pedagógicos.
Por ello, la implementación de la Orden Departamental 011-2026 plantea la necesidad de contar con protocolos claros, personal capacitado y mecanismos de respuesta ante incidentes relacionados con violencia digital y exposición de información personal.
El objetivo es que la tecnología pueda utilizarse como una herramienta para fortalecer el aprendizaje sin convertirse en un mecanismo que afecte la seguridad, la privacidad o el bienestar emocional de los estudiantes.
Cada escuela deberá establecer protocolos
La disposición contempla que los centros educativos desarrollen protocolos internos sobre convivencia digital, prevención de violencia tecnológica y uso responsable de dispositivos móviles.
Estos procedimientos deberán integrarse a los manuales de convivencia escolar y elaborarse con la participación de docentes, familias y estudiantes.
La participación de padres, madres y tutores será especialmente importante, debido a que buena parte de la interacción digital de los menores ocurre fuera de las aulas y continúa en redes sociales y plataformas de mensajería.
La medida se vincula además con la Estrategia Nacional de Educación Digital, promovida a través del Consejo Nacional de Educación, que plantea que el uso de la tecnología en el sistema educativo debe responder a objetivos pedagógicos y contribuir al desarrollo integral de los estudiantes.
Una norma que exige capacidad institucional
La entrada en discusión de esta normativa representa un paso hacia una mayor protección de la comunidad educativa frente a los riesgos del entorno digital. Sin embargo, su efectividad dependerá de la capacidad de cada centro para convertir las disposiciones en procedimientos concretos.
El reto para las escuelas será pasar de las prohibiciones generales a una verdadera cultura de convivencia digital, donde estudiantes, docentes y familias conozcan sus responsabilidades y sepan cómo actuar ante la grabación, publicación o difusión no autorizada de contenido.
En un entorno donde una imagen puede permanecer circulando durante años, la protección de los menores requiere no solo normas, sino también prevención, educación digital, supervisión y respuestas institucionales oportunas.
