SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En su discurso a la Asamblea Nacional, el presidente Danilo Medina, consideró que el actual contrato con la minera Barrick Gold es insostenible y dijo someterá al Congreso Nacional un proyecto de ley que establecerá un Impuesto sobre los Ingresos Inesperados de las empresas exportadoras de minerales, el cual gravará, con una tasa justa, el excedente entre el valor de las exportaciones de minerales a los precios en el momento en que se realicen las mismas y el precio de referencia para cada uno de los minerales. Asimismo, hizo un último llamado a los ejecutivos de la Barrick Pueblo Viejo para que accedan a revisar los aspectos fiscales del contrato, “pues el esquema actual de distribución de ingresos, luego del alza en los precios del oro en el mercado mundial, es inaceptable”.

Nuestro gobierno tiene un firme compromiso con el principio de la seguridad jurídica para la inversión. Soy un fiel creyente en la sana inversión extranjera para estimular el crecimiento del ingreso, el empleo, la reducción de la pobreza y la generación de divisas, en economías emergentes como la nuestra.

En este contexto, quiero ahora referirme a un tema que desde hace meses se viene debatiendo en el país, y sobre el cual un número creciente de sectores, grupos, y líderes de la sociedad dominicana han estado reclamando una definición del Gobierno. Me refiero, al contrato entre el Estado dominicano y la empresa Barrick Pueblo Viejo.

La inversión extranjera que se ha producido en el Proyecto Barrick Pueblo Viejo es la de mayor envergadura que ha tenido lugar en el país en toda la historia.

Se estima que la inversión realizada alcanza más de 3 mil millones de dólares, monto que deberá ser validado por la auditoría que el Estado dominicano contrató con la SGS de Suiza.

Estoy convencido de que la Barrick es una empresa seria, comprometida con una minería responsable, y cumplidora de las normas y mejores prácticas para proteger nuestro medio ambiente.

Dicho lo anterior, paso a referirme a un aspecto que consideramos merece atención especial, tanto por parte del Gobierno como de la empresa Barrick Pueblo Viejo: los beneficios fiscales que genera el proyecto y la nueva situación que se ha presentado, luego de que los precios del oro en el mercado de Londres hayan registrado niveles de entre mil 600 y mil 900 dólares la onza en los últimos años, como consecuencia de la fuerte expansión de la liquidez mundial y la incertidumbre provocada por el colapso de Lehman Brothers en septiembre de 2008.

El 25 de marzo de 2002, fecha en que se aprobó el Contrato para la explotación del oro entre el Estado dominicano y la empresa Placer Dome, el precio del oro en el mercado de Londres cerró en 298 dólares la onza.

Ese contrato fue adquirido por Barrick Gold cuando el 19 de enero del 2006 esta empresa compró las acciones de Placer Dome. El día de la compra de las acciones, el precio del oro cerró en 555 dólares la onza.

El 27 de septiembre del 2007, Barrick Gold solicitó, a través de carta dirigida a la Ministerio de Industria y Comercio, la flexibilización de los aspectos fiscales del contrato que el Gobierno había acordado con Placer Dome. Ese día el precio del oro cerró en 732 dólares la onza.

A pesar de que el Gobierno dominicano podía aferrarse a lo establecido en el Contrato original con Placer Dome, mostrando una actitud de apertura y flexibilidad, aceptó sentarse en la mesa de negociación con la empresa Barrick Gold, para revisar los aspectos fiscales del Contrato que esta había adquirido.

El 11 de noviembre de 2009, la Cámara de Diputados aprobó la enmienda al contrato con Placer Dome, en el cual se establecieron modificaciones al régimen fiscal del contrato.

Como acertadamente sentenció el Presidente Barack Obama en su discurso inaugural el pasado 21 de enero, “cuando los tiempos cambian, nosotros también debemos cambiar”. Y nadie, absolutamente nadie, puede negar que luego de la crisis financiera de 2008, los tiempos de hoy son muy diferentes a los de principios de la década.

El hecho de que el precio del oro sea actualmente casi 6 veces más alto que el de marzo del 2002, es un reflejo de la magnitud del cambio.

Fue eso lo que nos motivó, desde que asumimos la Presidencia de la República el pasado 16 de agosto del 2012, a designar una Comisión Oficial de Alto Nivel, bajo la coordinación del Ministro de la Presidencia, con el mandato de iniciar conversaciones con los ejecutivos de la empresa Barrick Pueblo Viejo.

El objetivo de la comisión es acordar modificaciones al esquema fiscal establecido en el contrato, dado el cambio dramático que ha tenido lugar en el precio del oro en el mercado de Londres.

Decenas de reuniones han tenido lugar en los últimos seis meses, sin que a la fecha se haya logrado convencer a la empresa sobre la necesidad y la urgencia de hacer las correcciones necesarias al esquema actual de distribución de los ingresos, entre la empresa y el Estado dominicano, derivada de la explotación del oro.

A lo sumo, lo único que la empresa ha ofrecido es la posibilidad de adelantar el pago de impuestos futuros, lo que implicaría que el Gobierno actual estaría apropiándose de recursos que le corresponderían a las próximas administraciones.

Que no le quepa duda a nadie. Para quien les habla, una operación como la planteada por los ejecutivos de Barrick Pueblo Viejo no encaja dentro de los principios éticos y morales sobre los que se fundamenta nuestra administración.

Bajo el esquema fiscal establecido en la más reciente versión del contrato para la explotación de oro en Pueblo Viejo, con un precio promedio de mil 700 dólares la onza de oro y 28 dólares la onza de plata, la empresa Barrick Pueblo Viejo obtendría ingresos netos de costos operativos por 2 mil 600 millones de dólares en los dos primeros años de producción, asumiendo exportaciones de  1 millón de onzas de oro y poco más de 2 millones de onzas de plata. Es decir, la empresa estaría recuperando el monto total invertido en poco más de dos años.

Nunca antes, en la historia de la humanidad, se ha verificado un caso en el cual una empresa minera haya podido recuperar su inversión en tan poco tiempo, mientras el Estado del país receptor de la inversión estaría recibiendo migajas durante esos primeros años.

De los mil 753 millones de dólares de ingresos anuales de exportación, el Gobierno dominicano apenas recibiría 56 millones de dólares.

En otras palabras, durante los primeros años, de cada 100 dólares de ingresos de la exportación de oro y otros metales, la Barrick recibiría

97 dólares y el pueblo dominicano tres.

Dominicanas y dominicanos.

¡Eso es sencillamente INACEPTABLE!

Estoy consciente que ni el Gobierno ni Barrick Pueblo Viejo tienen la culpa de este resultado. La verdad es que ninguno de los dos previeron, y quizás no podían prever, lo que iba a suceder con el precio del oro luego de la crisis financiera global que estalló en septiembre del 2008.

Pero la realidad es que la situación cambió. Que las circunstancias ahora son muy diferentes. Y si por mutuo acuerdo no modificamos los términos fiscales del contrato durante los primeros años, la Barrick se quedaría prácticamente con todo y el pueblo dominicano con nada.