Artículo escrito por Margarita Cedeño/para Listín Diario

La gestión del conocimiento es la clave de la productividad en las economías del siglo XXI. Este dictamen se ha convertido en una idea madura y en nueva concepción global, que cada vez más exige el desarrollo de ideas innovadoras por parte de las unidades productivas de cada sociedad.

En consecuencia, el fomento de la innovación se ha convertido en un reto para la gestión, tanto en el sector público como en el privado. Por muchos años se ha reclamado un mayor nivel de inversión en innovación en América Latina y El Caribe, pero ha quedado demostrado que no se trata tan solo de destinar mayores recursos económicos a las áreas de la economía más propensas a la innovación, también se requiere de una efectiva gestión de los recursos.

Peter Drucker, uno de los grandes impulsores de la innovación en el ámbito privado, decía que “hay innovaciones que brotan de un instante de genialidad, sin embargo, la mayoría de las innovaciones, especialmente las de mayor éxito, son el resultado de una búsqueda consciente y deliberada de oportunidades de innovación que solo se encuentran en ciertas situaciones”.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) contempla dos formas para que el Gobierno mejore la inversión en innovación, ya sea a través de inversiones en sectores que se consideren clave para el desarrollo económico, o mediante la estructuración de políticas que faciliten la creación de entornos favorables a la innovación. Sin embargo, no bastan la inversión ni la estimulación. El factor más importante a la hora de gestionar el rol del Gobierno en la innovación, es asegurar el mayor impacto social, es decir, que haya una solución a problemáticas de la población más necesitada.

Sin embargo, los gobiernos de la región arrastramos un grave déficit en la incorporación de conocimiento y tecnología en los procesos productivos, así como en la respuesta eficiente a los retos del contexto social, lo que resulta en un incremento desmedido de las brechas que nos separan de los países que tienen un mejor desempeño en la gestión de la innovación.

Esta claro, por ende, que la innovación desde lo público también debe gestionarse desde el punto de vista de la búsqueda del bienestar de los ciudadanos, una tarea que une tanto a entes privados como públicos en la búsqueda de estrategias para adaptarse a los cambios constantes de la economía mundial.

Esas estrategias, tal y como lo ha descrito Klaus Schwab, comienzan por enfrentar los lastres que arrastra la región, tanto en cuanto a las debilidades institucionales como los retos económicos, una tarea larga cuya clave está en la gestión correcta de los recursos y en el balance adecuado entre bienestar social y crecimiento económico.

José Aguilar-Barceló y Fernanda Higuera-Cota, en un interesante análisis publicado por la CEPAL, confirman que para la región de América Latina y El Caribe, no será suficiente la generación de riquezas, porque los países con mayor nivel de ingreso en América Latina y el Caribe no resultan ser los punteros a nivel de gestión de la innovación y la eficiencia.

En definitiva, la región debe preparar a sus individuos para la gestión efectiva de la innovación, para que las instituciones puedan construir desarrollo con un enfoque social.