Según las investigaciones de la Procuraduría General de la República, el acuerdo pleno mediante el cual el feminicida Ramírez pudo obtener su libertad mientras cumplía una condena de tres años de prisión, fue firmado por la extitular y el abogado del imputado, Ramón Leonardo Sánchez Reyes.
Este letrado pertenece a la misma oficina de abogados que el jurista Alexis Chanel Aponte, quien cumple prisión preventiva por falsificar la firma de la fallecida Anibel González en el acuerdo que permitió la puesta la libertad de su asesino, Oscar Yasmil Fernández, un caso de similares características al del homicidio de Domínguez Salas y que supuso la suspensión de la fiscal Hernández Morales.
Con las indagatorias de este caso, las autoridades buscan recolectar evidencias que permitan determinar si la fiscal suspendida es reincidente en ese tipo de actuación y si junto a los abogados Sánchez Reyes y Chanel Aponte formaría parte de una asociación de malhechores dedicada a intervenciones orientadas a favorecer a condenados para que obtengan la libertad.
La Inspectoría General del Ministerio Público realizaba la investigación en virtud de supuestas irregularidades en el acuerdo pleno firmado con el acusado, dado que los acuerdos plenos y parciales los debe autorizar la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Además, en los casos de tentativa de asesinato, como ocurre en este, ya que el homicida cumplía condena por atacar con arma blanca a la víctima, dichos convenios están prohibidos por instrucciones del procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez.
Según las investigaciones, el acuerdo pleno mediante el cual el feminicida Ramírez pudo obtener su libertad mientras cumplía una condena de tres años de prisión, fue firmado por la extitular de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de San Pedro de Macorís, fiscal suspendida Margarita Hernández Morales, y el abogado del imputado, Ramón Leonardo Sánchez Reyes.
Entre 2017-2019, la PGR ha registrado 247 feminicidios, de los que más de cien se contabilizaron entre enero y septiembre del año en curso, de los cuales 59 fueron clasificados como “íntimos”, es decir, perpetrados por sus parejas o exparejas.
