Participacion Ciudadana

SANTO DOMINGO, República DominicanaLa selección de los jueces a las Altas Cortes por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), se utilizó el criterio de “la repartición”, evidenciando un pacto entre el presidente de la República, Leonel Fernández, y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, donde éste último consiguió la designación de cinco de sus dirigentes.

Así lo afirmó la tarde de este martes el movimiento de la sociedad civil Participación Ciudadana, al tiempo de considerar que “Esa práctica vicia el proceso democrático, ya que se pacta en secreto y en forma poco institucional, pues los órganos de ninguno de los dos partidos aprueban este tipo de acuerdos que escogen jueces de lealtades individuales y que van a defender intereses partidarios”.

Al dar a conocer su informe de 2011, Samir Chami Isa y Javier Cabreja, coordinador y director ejecutivo respectivamente, lamentaron además que, a cinco meses de las elecciones presidenciales, en la Junta Central Electoral (JCE) no se hayan resuelto las diferencias por la dirección del departamento de Informática, lo que a su juicio está erosionando la credibilidad del organismo “cuando las encuestas más acreditadas dan ventaja al candidato de la oposición”.

De igual manera, rechazaron que la República Dominicana se haya quemado en las principales evaluaciones internacionales, el incremento del narcotráfico, la violencia y la inseguridad, que la estabilidad y crecimiento económico se hayan basado en un fuerte endeudamiento y hayan generado un déficit comercial de nueve mil millones de dólares.

Asimismo, el movimiento consideró como fallida la declaración del 2011 como el “Año de la Transparencia y la Institucionalidad” debido a la impunidad ante la corrupción, y criticaron la campaña electoral prematura.

Manifestaron que las designaciones para el Tribunal Superior Electoral obedecieron al tradicional sistema de la “repartición partidaria”, pues dos de los miembros titulares pertenecían al PLD y un tercero al PRD.

También que dos de los suplentes estaban relacionados con el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), lo que, a su manera de ver, “esta situación deja a los jueces electorales con un déficit de credibilidad, sobre su imparcialidad e independencia”.

“También resulta preocupante que los tres jueces que sustentaron un voto disidente en el famoso caso de la Sun Land, Julio Aníbal Suárez, Eglis Esmurdoc y Ana Rosa Bergés, fueran separados de sus posiciones”, aseveraron.

Indicaron que de todos los integrantes de la anterior Junta Central Electoral, Aura Celeste Fernández “precisamente la más independiente y coherente, fue la única que no fue incluida en ninguna de las cortes. Ello puede condicionar a los jueces a no tomar decisiones que afecten los intereses de los que controlen en cualquier momento el CNM”.

Deploraron también que las deliberaciones del CNM para las Altas Cortes y las entrevistas a Rafael Luciano Pichardo, Juan Luperón Vásquez y Hugo Álvarez Valencia se produjeran a puertas cerradas y sus resultados no fueron divulgados, sobre quienes propusieron candidatos o de la forma en que votaron.

“En la designación de los miembros de los tres tribunales quedó evidenciado que el CNM no utilizó como parámetro en todos los casos las hojas de vida y las entrevistas realizadas. Por ejemplo, la hoja de vida y la entrevista del aspirante al TC Cristóbal Rodríguez superaron con creces las de varios de los designados”, afirmaron.

Detallaron que lo mismo ocurrió en la SCJ y el TSE y que el Tribunal Constitucional tiene el serio reto de no caer en los mismos vicios que a su entender incurrió la Suprema Corte de Justicia cuando ejercía la justicia constitucional.

Manifestaron que la mora en el fallo de los casos y la falta de independencia cuando se trataba de casos que afectaban al Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, hicieron perder legitimidad a la SCJ y contribuyeron a desplazar sus funciones constitucionales a un nuevo órgano.

Precisaron que por razones hasta ahora desconocidas el presidente del la JCE desautoriza a la autoridad máxima del área, otorgándole sus facultades a un subalterno, sobre quien los partidos mayoritarios habían manifestado desconfianza, al punto de haber solicitado su destitución.

“En vez de resolver la crisis sustituyendo al funcionario cuestionado o poniéndole un superior que inspirara la confianza de los partidos, el presidente del organismo insiste en una fórmula en la que el cuestionado permanece en el cargo”, expresaron.

Por Infórmate Diario