Madrid.- El juez español Baltasar Garzón, que alcanzó notoriedad internacional por mandar detener al dictador chileno Auguto Pinochet, comenzó a ser juzgado hoy por ordenar escuchas telefónicas contra los imputados en un gran caso de corrupción en España.

El juicio que se abrió en el Tribunal Supremo español es la primera de tres causas abiertas a Garzón, que también será juzgado a partir del día 24 por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.

El famoso magistrado -que en España fue muchos años el azote de la organización terrorista ETA- fue suspendido de su cargo en la Audiencia Nacional en mayo de 2010 por estos procesos, iniciados a instancias de abogados de los imputados -en el caso de las escuchas- y de grupos de ultraderecha en el del franquismo.

Garzón, que actualmente vive fuera de España y es asesor del fiscal de la Corte Penal Internacional y para el desarme en Colombia, entre otros trabajos, llegó hoy al Tribunal Supremo en Madrid arropado por los aplausos de sus partidarios y algunos ex compañeros.

Ante la sede del Tribunal, decenas de simpatizantes de la Plataforma «Solidarios con Garzón», que agrupa a organizaciones para la recuperación de la Memoria Histórica, artistas e intelectuales, se manifestaban para denunciar la «persecución política» del magistrado.

Los concentrados enarbolaban pancartas en las que se podía leer «Contra la inmunidad, solidaridad con las víctimas del franquismo», «Tapan sus delitos echando a Garzón», o «España al revés: corruptos y fascistas hacen juzgar al juez».

El diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares calificó los diferentes procesos judiciales abiertos contra Garzón de «linchamiento político y corporativo», mientras que el coordinador general de esta formación de izquierdas, Cayo Lara, manifestó que este caso es «la mayor injusticia judicial del siglo XXI».

El juez está acusado de los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales por ordenar grabar las conversaciones que mantuvieron en prisión con sus abogados varios imputados del conocido como «caso Gürtel», que implica a altos cargos del gobernante Partido Popular (PP) y que precisamente destapó el propio Garzón.

Una vez comenzado el juicio, la defensa de Garzón pidió la recusación de dos de los jueces que le juzgan, por considerarles no imparciales, así como se le de al magistrado la posibilidad de recurrir en caso de una condena que le costaría su apartamento definitivo de la carrera judicial.

El presidente de la sala rechazó ambas peticiones, y sólo admitió que se puedan escuchar -a puerta cerrada- algunas de las grabaciones que Garzón ordenó.

La acusación, integrada por los abogados de los presuntos corruptos, pide que se inhabilite a Garzón hasta 17 años, mientras que la Fiscalía solicita su absolución al considerar que no hubo delito por su parte.

En la hora del interrogatorio a Garzón por parte de la acusación, el famoso magistrado sufrió la humillación de ver cómo el presidente de la sala le ordenaba quitarse la toga que había vestido toda la mañana y sentarse en el banquillo de los acusados.

A las preguntas, Garzón respondió varias veces que ordenó las grabaciones en la cárcel entre los imputados de la trama «Gurtel» y sus abogados para evitar que continuaran blanqueando dinero desde su lugar de reclusión.

«Los abogados eran parte nuclear de la misma para desarrollar todas y cada una de las actividades criminales de la organización», subrayó el juez.

Para Garzón, había indicios de que más de 20 millones de euros habían sido enviados a cuentas en Suiza y otros paraísos fiscales, y sin las escuchas se hubiera perdido el rastro del dinero.

Se espera que este primer juicio contra Garzón se prolongue tres días, en medio de una gran expectación mediática.

noticias.terra.com.co