Por Johnny Arrendel

Nada tan rentable para los grandes capitales e intereses enquistados en la política que hacer negocios con o desde el Estado.

El aparato controlado por los gobiernos de turno en su expresión ejecutiva, y dividido en este país en otros dos poderes, Judicial y Congresual, así como estamentos electorales y municipales, ha sido el invento idóneo para garantizar privilegios.

De otra manera, no pudiera explicarse que da prioridad a la inversión en la educación para catalizar el desarrollo permita que los protagonistas del sector, es decir, los estudiantes, sean visualizados como un mero mercado.

Sin importarle hacer el ridículo, el presidente de la Cámara de Diputaos, Abel Martínez, mostró su indignación recién al “enterarse” de que en este país los libros de texto se venden como artículos de lujo.

Naturalmente, quienes se presten a hacer el tonto, le comprarán a Martínez la versión de que es ahora que se da cuenta que los libros les cuestan miles de pesos a los cabezas de familia.

Los “representantes del pueblo” tienen la obligación de desmontar mediante nuevas normativas el sistema cerrado de adjudicación de textos y materiales educativos, de manera que los padres, madres y tutores no estén obligados a carabina a pagar precios injustos.

No hay dudas de que la asignación del 4% del Producto Interno Bruto al sector educativo constituye un gran avance, pero lo fundamental es cambiar los criterios mercantilistas que rigen el área de mayor impacto social.

En tal sentido, se impone asumir la realidad de que en estos tiempos las fuentes de información no son exclusivas. La tecnología permite acceder de manera fluida y a bajo costo a los contenidos. Aunque se reconozca que el libro se mantiene como eje fundamental del conocimiento.

Pero el Estado no tiene por qué propiciar que un sector expolie a la población, sobre la base del interés sano de los padres en lograr que sus retoños obtengan el pan de la enseñanza.

Existen muchas opciones a considerar. Lo primero es que los concursos y licitaciones en sus términos de referencia establezcan que las ofertas ganadoras, además de contenidos y técnicas didácticas adecuados, ofrezcan a la vez precios al alcance de los estudiantes.

Lo mismo para los materiales didácticos y demás útiles, que su asignación por lo regular corre por cuenta de los centros, situación que se da en particular en los colegios privados.

Maestros y maestras son el activo fundamental en la tarea de formar a los alumnos, y por tanto elevar la capacitación y condiciones de vida de esos recursos es una forma efectiva de canalizar el presupuesto educativo.

Igualmente, es preciso retomar el tema la implementación de los textos integrados, un recurso de vanguardia que penosamente fue aplicado sin el debido consenso ni transparencia por la gestión de Melanio Paredes como ministro de Educación.

Pero, además, los desafíos tecnológicos plantean completar el proceso iniciado durante el primer gobierno de Leonel Fernández: llevar las computadoras a las escuelas, y que a su término en el año 2000, concluyó con todos los liceos de Media habilitados con Laboratorios de Informática Educativa.

El objetivo primario era que los alumnos de secundaria manejaran los principales software, para luego pasar a que se convirtieran en usuarios de contenidos virtuales, y abarcar también al Nivel Básico.

La meta no se ha cumplido. Vemos, que en plena expansión tecnológica, las aulas dominicanas no están dotadas ni siquiera de una simple pantalla de televisión que permita reforzar la formación de nuestros hijos con recursos audiovisuales.

Sin embargo, lo que sí prevalece es el mandato de que los padres acudan con listas en las manos a los centros comerciales para comprar grandes cantidades de costosos libros y materiales, un verdadero desfase.