La necesidad urgente de fortalecer el marco institucional, empezando por el cumplimiento estricto de la Ley General de Electricidad, así como la realización de una nueva ola de reforma del sector eléctrico, fueron los puntos más comunes en el VI Foro de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica(ADIE).
El planteamiento fue hecho por la ADIE en un informe de conclusiones del evento, en el que participaron expertos nacionales e internacionales para analizar las lecciones aprendidas y la visión de futuro de la industria eléctrica de la República Dominicana.
La entidad, que agrupa a las empresas generadoras del país, sostuvo que quedó evidenciado en los debates que la falta de voluntad política ha sido un elemento fundamental de retranca para manejar con sentido de continuidad y coherencia las políticas públicas relacionadas con la electricidad.
Igualmente, señalaron que la politización de un sector que mueve cerca US$3,000 millones, afecta la institucionalidad, crea incertidumbre y es un factor de constante bloqueo a las inversiones privadas que pudieran ser mayores que las actuales, tanto en generación como en distribución.
Se planteó que la República Dominicana tiene grandes potenciales para el desarrollo dinámico de su sector eléctrico, pero que hace falta enviar señales consistentes y predecibles sobre las reglas del juego.
De acuerdo con la ADIE, quedó demostrado que “el gran talón de Aquiles actualmente en el sector eléctrico es el área de distribución, conformada por tres empresas en manos del Estado, que siguen sufriendo altos niveles de pérdidas, pese a la baja experimentada en los precios del petróleo y de la energía que compran esas unidades de negocio.
Otra conclusión relevante está relacionada con la matriz de combustibles que, desde la óptica de algunos expositores, debe seguir cambiando hacia una base más eficiente, para lo cual se requiere la intervención del Estado como ente regulador facilitando el proceso de conversión de plantas generadoras a gas natural.
La ADIE resaltó en sus conclusiones el caso de Guatemala como un ejemplo de sector eléctrico organizado y pensado estratégicamente, que ha logrado tener una oferta de energía que dobla el tamaño de la demanda, con precios competitivos, competencia y continuidad en el servicio.
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