República Dominicana, Santo Domingo.– Las defensas de los imputados en el caso SeNaSa solicitaron al tribunal la variación de la medida de coerción, al asegurar que sus representados no representan peligro de fuga, mientras el Ministerio Público insistió en mantener la prisión preventiva por la gravedad de los hechos.
Durante la audiencia de revisión obligatoria, los abogados de Gustavo Henríquez y Germán Rafael afirmaron que ambos han cumplido con los requerimientos judiciales y han permanecido en sus residencias, por lo que consideran innecesaria la privación de libertad.
En tanto, la defensa de Francisco Minaya sostuvo que su cliente ha estado disponible para comparecer ante las autoridades y propuso como alternativa el arresto domiciliario, con localizador electrónico e impedimento de salida del país.
De su lado, el equipo legal de Rafael Luis Martínez Hazim calificó la prisión preventiva como desproporcionada, mientras que los abogados de Ramón Alan Mateo y Juan Andrés negaron la existencia de sobornos y solicitaron medidas menos restrictivas, como presentación periódica, garantía económica e impedimento de salida.
El Ministerio Público, sin embargo, pidió al tribunal mantener las medidas impuestas, al considerar que la magnitud del caso y el daño ocasionado al sistema de salud justifican la prisión preventiva.
Según el órgano acusador, el expediente se estructura en dos grupos y evidencia la inexistencia de respaldo para los servicios facturados, lo que, a su juicio, forma parte de un esquema fraudulento que afectó recursos destinados a más de siete millones de dominicanos.
Asimismo, rechazó los argumentos de las defensas al indicar que no se ha presentado evidencia válida que los sustente y advirtió sobre el riesgo de fuga y de posible obstaculización del proceso, debido a que los imputados contarían con estructuras que facilitarían su evasión.
El Ministerio Público también sostuvo que las acciones atribuidas a los acusados provocaron un perjuicio significativo a fondos públicos destinados a la salud, con impacto directo en la población más vulnerable, por lo que reiteró su solicitud de que se mantengan las medidas de coerción.
