Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) aclaró este lunes que la reducción en la vigencia de las licencias de conducir para personas mayores de 65 años no responde a una medida reciente de la institución, sino a una disposición establecida en el Decreto 6-19, emitido en 2019 durante el gobierno del expresidente Danilo Medina.

La aclaración surge luego de las declaraciones del juez José Alejandro Vargas Guerrero, quien manifestó a través de su cuenta en X su inconformidad tras acudir el pasado viernes a una oficina del INTRANT para renovar su licencia de conducir.

El magistrado explicó que la renovación ordinaria de su licencia era por cuatro años, pero en esta ocasión solo pudo renovarla por dos años debido a que ya superó los 65 años de edad. Vargas Guerrero indicó que actualmente tiene 70 años.

“No sentí ningún enojo, aunque me frustró saber que en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho no todos somos iguales ante la ley”, expresó el juez, al citar el artículo 39 de la Constitución dominicana, que prohíbe la discriminación por motivo de edad.

Asimismo, señaló que el Tribunal Constitucional ha sostenido de forma reiterada que el Estado no solo debe abstenerse de discriminar por edad, sino también asumir una protección reforzada hacia las personas mayores.

El Decreto 6-19 establece en su artículo 21 que las licencias de conducir de las categorías 01, 02 y 05 tendrán una vigencia de cuatro años hasta que el titular cumpla 65 años. A partir de esa edad, la renovación será por períodos de dos años.

En tanto, para las categorías 03 y 04, la vigencia será de tres años hasta los 65 años y de un año después de esa edad.

La normativa también contempla que estos plazos puedan reducirse si se comprueba que el conductor padece alguna enfermedad o condición susceptible de agravarse y que pueda afectar su capacidad para conducir.

Además, establece que ningún conductor podrá circular con una licencia vencida y que, en esos casos, será remitido al INTRANT para los fines correspondientes conforme a la Ley 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.

El tema ya había generado debate público luego de que Yamel García, secretaria de Adultos Mayores del partido Fuerza del Pueblo, cuestionara la disposición por considerarla discriminatoria y contraria a derechos fundamentales.

García propuso sustituir la limitación por edad por evaluaciones médicas o pruebas antidopaje que permitan determinar las condiciones reales de los conductores para manejar vehículos.