SANTO DOMINGO. La aplicación del voto preferencial para la escogencia de los regidores y vocales, en las elecciones que a nivel municipal se celebrarán en febrero del 2020, ha comenzado a preocupar a actores del sistema político y electoral dominicano.

Tanto los presidentes del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román Jáquez, como el de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, han dado la voz de alerta en cuanto a las complicaciones que generaría ese método en el venidero proceso.

Las inquietudes van dirigidas a que la aplicación de esa legislación a nivel municipal obligaría a la JCE a confeccionar 450 tipos diferentes de boletas electorales y generaría más de mil 500 conflictos pasadas las elecciones del 2020.

La situación es analizada por antiguos miembros del organismo de elecciones, quienes consideran que la metodología tiene más aspectos negativos que positivos.

El exmiembro titular, José Ángel Aquino, sostiene que el voto preferencial ha personificado la política, incrementando el costo de las campañas electorales, lo cual tiene sus consecuencias directas.

Explicó que ese método provoca enfrentamientos internos porque no se compite con el candidato del partido contrario, sino con los propios compañeros, lo que genera un efecto devastador en las organizaciones políticas, disminuyendo la calidad de la oferta.

A ello suma, las dificultades en el conteo de los votos y la redacción de las actas, por lo que recomienda la postergación de esa legislación.

“El voto preferencial tiene aspectos positivos y negativos, sin dudas mejora el acercamiento entre el elector y su representante y permite que la población tenga más libertad al momento de elegir, sin embargo, siendo objetivo, en el país los efectos negativos han superado los efectos positivos”, enfatizó.

El también ex miembro de la JCE, Eddy Olivares, dijo estar convencido que la administración electoral no está en condiciones de garantizar resultados transparentes y oportunos en las elecciones municipales si se implementa el voto preferencial en ese nivel.

Sostuvo que su aplicación implicaría la inevitable culminación del escrutinio, en lugar de los colegios electorales, en las juntas electorales municipales, en perjuicio de la transparencia del sufragio y de la divulgación oportuna de los resultados.

“Mi sugerencia al liderazgo político es que le busquen una solución con tiempo a esta incertidumbre del venidero proceso electoral, lo cual se puede lograr con la aprobación de la Ley de Partidos, en la cual se determine la escogencia de los regidores mediante primarias organizadas por el órgano electoral”, apuntó.

De su lado, el diputado reformista Víctor (Ito) Bisonó, asegura que el voto preferencial ha sido la alternativa al desorden y a las imposiciones internas de los partidos, pero los candidatos así lo prefieren para competir con libertad e igualdad de condiciones ante el electorado.

Sostiene que hay una legítima preocupación para las elecciones del 2020 a sabiendas de la falta de reglas claras ante la ausencia de las leyes de Partidos Políticos y de Régimen Electoral, así como de las garantías electorales; “dejan mucha discrecionalidad a las cúpulas partidarias, a los estamentos que rigen los partidos y los que arbitran los conflictos”.

Resaltó que ante ese panorama habría que preguntarse si la JCE está preparada para el voto preferencial y si cuenta con los recursos necesarios para su aplicación.

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Ramón Alburquerque, se sumó a quienes abogan por su eliminación.

A su juicio, la aplicación del voto preferencial sería inmanejable y la propia JCE tiene conocimiento de la situación.

“Debe eliminarse antes de que cauce el caos. Algunos teóricos ilusos con mucho poder impusieron ese entuerto. Las innovaciones no democratizan sino el sereno cumplimiento de las leyes”, refirió a través de su cuenta de Twitter.

Hasta el momento hay 1,164 posiciones de regidor en el país, y unos 730 vocales para los distritos municipales, que se elegirán el tercer domingo del mes de febrero del año 2020.