¿Por qué es obligatorio firmar un “documento legal” antes de ser vacunado contra la Covid-19? ¿Qué se esconde detrás de esa exigencia?


Por Robert Vargas
Cuando todos mis hijos y mis nietos fueron vacunados contra la poliomielitis, la difteria, la tuberculosis y otras enfermedades, nunca fue necesario que, como requisito, previamente fuera necesario firmar ningún documento legal.
Simplemente, llevamos a los chicos al centro de vacunación, acompañados de una tarjetita en la que el personal paramédico escribía el nombre de la vacuna y la fecha de su aplicación.
De inmediato, se producía el regreso a casa. Estábamos claros que algunas de esas vacunas provocarían un poco de dolor, enrojecimiento del área de aplicación y hasta una leve fiebre. Más nada.
Esto huele raro. Muy raro. Rarísimo.
El paso lunes, cuando la Vice Presidenta Raquel Peña anunció el plan nacional de vacunación contra la Covid-19, la rueda prensa en cuestión se extendió durante una hora, diez minutos y 28 segundos.
De ese tiempo, el Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Ozoria, se tomó cuatro minutos y 17 segundos para hacer una oración durante la que se lanzó en ofensiva contra quienes tienen sus dudas sobre la vacuna y, en nombre de Dios, pidió que todos los dominicanos confíen en el proceso.
Así, el Poder Ejecutivo puso por delante a un jefe de la iglesia católica para convencer a la ciudadanía de las bondades de la iniciativa, lo que no está mal.
Sin embargo, no entiendo por cuáles motivos era necesario meter la religión en un asunto de ciencia, pero lo hicieron, igualito como cuando los conquistadores españoles convirtieron a los indios vivos en cristianos muertos; o como cuando la Santa Iglesia católica bendecía la tiranía de Trujillo o era usada para derrocar a Juan Bosch, en 1963.
proceso de manera magistral. Parecía que lo leía en un telepronter.
Del tiempo total de la rueda de prensa, Raquel Peña usó 28 minutos y 37 segundos para explicar en qué consiste el Plan Nacional de Vacunación.
Habló de todo el proceso para la adquisición de las vacunas y de la valentía del gobierno para afrontar la crisis sanitaria e incluyó la metodología a aplicar para vacunar a más de siete millones de habitantes de República Dominicana este año 2021.
De todo ese tiempo, la Vice Presidenta Raquel Peña usó unos 14 segundos para referirse a la obligatoriedad de firmar un denominado “consentimiento informado” mediante el cual, el ciudadano, “de manera libre” autoriza que se le aplique la vacuna.
Lo dijo así, “como quien no quiere la cosa, pero lo dijo.
-“El consentimiento informado es un documento legal, en el cual cada ciudadano, de manera libre, autoriza que se le aplique la vacuna”.
Ya, nada más. Y por ahí siguió.
Pero se trata de un “documento legal” el cual, suponemos, debe tener algunas implicaciones, que pueden ser, entre otras, liberar de responsabilidad al personal médico, al Estado y a las empresas farmacéuticas fabricantes de las vacunas por los posibles efectos secundarios de la misma.
De no ser así, ¿Porqué ese requisito?
¿Por cuáles motivos es obligatorio firmar “libremente” ese “documento legal” de “consentimiento informado” si quienes recibirán las vacunas no pueden conocer los detalles del contrato entre el Estado dominicano y las farmacéuticas?
¿Por cuáles motivos la Vice no le dijo al país cuáles son los posibles riesgos que entraña la inoculación de esa vacuna?
Me luce que algo no anda bien en todo esto o, a lo mejor, son cosas de viejo, sobre todo, por haberme puesto a comparar la forma en que aplican todas las restantes vacunas y esta contra la Covid-19.
Si están probando con todos los dominicanos, ¿Por qué no lo dicen de una vez y por todas?
La vacunación es genial para contener la pandemia pero, como hay de por medio la obligatoriedad de la firma de un documento legal, mientras más claras son las cosas, mejor para todos.

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