Santo Domingo.- La Secretaria del Tribunal Superior Administrativo (TSA), notificó al Ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, para que presente sus medios de defensa ante la Secretaría del tribunal, donde fue demandado por la Asociación de Inspectores de Trabajo de la República Dominicana (ASITRAREDO), por supuestamente ordenar traslados arbitrarios a los representantes provinciales y regionales que laboran para esa entidad.

El TSA emitió el auto No. 00786-2023, de fecha 18 de enero, con el cual se informa a las partes para que entreguen su escrito de defensa, tanto al demandado ente jurídico Ministerio de Trabajo, como al ministro Luis Miguel de Camps García, acusado como persona física.

De Camps, fue notificado mediante acto de alguacil No. 103-23, de fecha 13 de febrero 2023, por el Centro Jurídico Batía Ramos, en donde se le emplaza a presentar sus medios de defensa. 

El auto resuelve lo siguiente: “Ordena a la Secretaria General a notificar a instancia del expediente antes anotado, a la parte recurrida Ministerio de Trabajo de la República Dominicana y el Lic. Luis Miguel de Camps García, así como a la Procuraduría General Administrativa, para que en el término de (30) treinta días laborables a partir de la fecha de recibo, produzcan sus escritos de defensa sobre el fondo del recurso, así como los incidentes que se consideren pertinentes, explica el documento.        

Oliver Batia, abogado de ASITRAREDO, dijo que se cuentan en más de 600 millones de pesos los recursos dejados de entregar a estos servidores públicos, lo que ha implicado la violación a resoluciones, convenios de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), etc.

Testigos de traslados anormales

El Lic. Saturnino Nina Fortuna, representante local que fue trasladado desde Puerto Plata a la provincia Independencia (Duvergé). Además, el Lic. Víctor Guerrero Ogando, representante local que fue trasladado de la provincia de Santiago de los Caballeros hasta la provincia de La Altagracia; la Licda. Faye Julia Isabel, fue trasladada de Barahona para la provincia Sánchez Ramírez, situación que se ha dado con casi todos los representantes locales. 

«No se estila que siendo el Ministro de Trabajo es responsable de supervisar y regular las relaciones laborales y la seguridad social en el país. También se encarga de hacer cumplir las leyes laborales y de proteger los derechos de los trabajadores. Siendo un funcionario público, está sujeto a las leyes y regulaciones que rigen el desempeño de sus funciones», dijo Batia.

El plazo dado a Luis Miguel de Camps y al Ministerio de Trabajo vence el día 24 de marzo del año en curso.