SANTO DOMINGO. Desde hace cuatro meses, la familia Melenciano Montero vive penurias luego de que fuera víctima de un desalojo irregular en su residencia ubicada en la calle Brisas del Mar, No.02, Los Frailes I, Santo Domingo Este.

De acuerdo a los datos de la familia afectada, el 16 de enero del año 2023, se presentó el magistrado Procurador Fiscal Adjunto del sector Villa Duarte, Nelson Beltré Tejeda con 50 miembros de la Policía Nacional, un camión para mudanza, así como otras personas a los fines de practicar un “allanamiento”.

«Mi padre es el dueño de la propiedad, él me la dejó cuando yo era niño y viví en esa casa con mi abuelo desde que tengo uso de razón y ya tengo 35 años», expresó Franklín Melenciano, uno de las víctimas de desalojo.

Abuso de la fuerza

Explicó que al momento del desalojo irregular, se encontraba su madre Nancy Altagracia Familia, conjuntamente con su esposa Julia Montero Montero y sus dos niñas de ocho y 11 años de edad, panorama que no respetó el magistrado al entrar con los policías a la residencia y desbaratar todas las paredes de interior de la casa.

La familia afectada señala que el desalojo lo autorizó el Magistrado Héctor Manuel Romero Pérez, quien se desempeñaba como Director Técnico de la Fiscalía de Santo Domingo Este.

Por ese caso, el Consejo Superior del Ministerio Público, suspendió al procurador fiscal Héctor Romero Pérez, investigado por la Inspectoría general del organismo.

«Detrás de los atropellos hay un candidato a la alcaldía y hay hasta un fiscal suspendido», indicó.

Franklin Manuel Melenciano Familia solicita a las autoridades intervenir en su caso para que junto a su familia pueda regresar nuevamente a su residencia ubicada en la calle Brisas del Mar, No.02, Los Frailes I, Santo Domingo Este.

Explica que en la actualidad tanto sus hijas menores de edad y su esposa Julia Montero Montero se encuentran en una situación económica muy grave, en vista de que su salario como militar activo de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), no es suficiente para cubrir todos los gastos económicos y las necesidades de su familia, quienes están bajo su tutela y protección.

Una muestra de la irregularidad del desalojo, es que cuatro días después de ejecutarse, la procuradora fiscal de la provincia Santo Domingo, directora del departamento de fuerza pública y atención asuntos civiles de la Procuraduría Fiscal de la provincia de Santo Domingo, certificó que en el departamento de fuerza pública no se encontraba registrado ninguna solicitud o proceso de otorgamiento de fuerza pública que involucre la familia Malenciano Montero con relación al inmueble antes señalado.