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El esquema transnacional de fraude contra personas mayores, operado desde un call center en territorio dominicano y que fue desmantelado en una investigación conjunta entre Estados Unidos y República Dominicana, dejó más de cinco millones de dólares en pérdidas para más de 400 víctimas, con una edad promedio de 84 años.
Por el caso, 13 personas están acusadas; cuatro de ellas permanecen en el país a la espera de que se apruebe su extradición para enfrentar cargos en un tribunal de Massachusetts, donde residen al menos 50 de las víctimas.
De acuerdo con una nota de prensa del Departamento de Justicia, los imputados engañaban a las víctimas haciéndoles creer que sus nietos u otros familiares cercanos estaban en problemas y necesitaban dinero.
El dinero obtenido fue blanqueado y enviado a la República Dominicana, según la investigación estadounidense.
Modus Operandi
La justicia de Estados Unidos acusa al dominicano Oscar Manuel Castaños García, de 33 años, de dirigir la «sofisticada operación» desde el call center. Castaños García es uno de los nueve acusados que se encuentran bajo custodia.
Presuntamente, Castaños García supervisaba centros de llamadas en el país, donde empleaba a cómplices que hablaban inglés y ejecutaban lo que se conoce como «estafas de abuelos».
Estas estafas comenzaban con un empleado «abridor» que llamaba a la víctima haciéndose pasar por un nieto o nieta involucrado en un accidente. Luego, un empleado «cerrador» supuestamente realizaba otra llamada, haciéndose pasar por el abogado del nieto, solicitando dinero para cubrir honorarios legales.
Según los investigadores, Castaños García dirigía estos centros con la ayuda de varios gerentes que supervisaban, instruían y pagaban a los empleados.
Con el dinero obtenido, los acusados realizaban transacciones financieras, incluyendo depósitos en cuentas bancarias y entregas a cómplices en Nueva York y otros lugares, quienes blanqueaban las ganancias antes de transferirlas a Castaños García y otros en la República Dominicana.
- Los acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, así como de conspiración para lavado de dinero.
El cargo de conspiración para cometer fraude postal y electrónico conlleva una pena de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 250,000 dólares, o el doble de la pérdida sufrida por la víctima.
El cargo de conspiración para blanqueo de capitales conlleva una pena de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 500,000 dólares, o el doble del monto blanqueado, lo que sea mayor.
Operación conjunta
En República Dominicana, el Ministerio Público realizó este martes 34 allanamientos y detuvo a nueve personas, investigadas desde hace más de dos años para identificar plataformas digitales usadas en fraudes informáticos, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, cuyas víctimas eran en su mayoría personas de avanzada edad.
- En la operación participaron 50 fiscales y 375 agentes de la Policía Nacional. Los allanamientos se realizaron en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo.
La operación, coordinada con la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional, contó con la cooperación del Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos, que simultáneamente ejecutó allanamientos en California, Nueva York, Florida, Maryland y Misuri.
El Ministerio Público ha desarrollado anteriormente las operaciones Discovery y Discovery 2.0, que llevaron a los tribunales a integrantes de redes delictivas que afectaban principalmente a ciudadanos estadounidenses jubilados, despojándolos de sus recursos y sometiéndolos a engaños y vejaciones.
A un año de un caso similar
En abril del año pasado, el Departamento de Justicia presentó cargos contra 16 dominicanos que operaban otra red de estafas a personas mayores desde la República Dominicana.
En ese caso, 11 hombres trabajaban en call centers desde donde se comunicaban con ancianos en Estados Unidos, haciéndose pasar por familiares y solicitándoles dinero para resolver supuestos accidentes automovilísticos.
La justicia estadounidense aseguró entonces que la red robó millones de dólares a víctimas en estados como Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
