Aprobar las leyes de Partidos y del Régimen Electoral es un imperativo nacional

La decisión adoptada por el Partido Revolucionario Moderno satisface mi posición de que es imperativo aprobar la Ley de Partidos y con ello satisfacer la dilatada decisión del Congreso Nacional de iniciar una reforma que contribuya a normar nuestro sistema de partidos.

Inmediatamente transcurrido el defectuoso proceso electoral de mayo 2016 he defendido de manera vehemente y sistemática a la necesidad de que República Dominicana cuente con leyes de Partidos y Electoral que garanticen la democratización y modernización de las organizaciones políticas, y aseguren la celebración de elecciones libres, equitativas y transparentes, cual dispone la Constitución.

Uno de los más perniciosos factores de contaminación de la vida interna de los partidos y de los procesos electorales nacionales ha sido el uso y abuso de los recursos del estado, tanto en la elección de las candidaturas partidarias como en comicios generales.

Por eso, y ante conocidos aprestos del partido de gobierno de imponer la modalidad de las primarias abiertas, centré mi atención en la necesidad de que el PRM adoptara el padrón o lista de militantes, llamado cerrado.

Como parte de esa determinación contribuimos a que en fecha 24 de abril de 2017 la dirección ejecutiva de nuestro partido oficializara su posición de que la elección de sus candidaturas a la presidencia, los municipios y el congreso se haga mediante el padrón oficial del partido.

Desde entonces libramos intensos esfuerzos por impedir que en la Ley de Partidos fuera establecida la modalidad de primarias abiertas o con el padrón de la Junta Central Electoral, que permite la intervención de un gobierno como el del PLD, tan dado a usar en forma clientelar los recursos del estado para influir en la conciencia de los electores y distorsionar su libérrima voluntad política.

Esa lucha tuvo un importante logro cuando el 18 de mayo pasado, y ante la presión de los partidos de oposición y de prácticamente toda la sociedad civil, en carta dirigida a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados el presidente Danilo Medina reconoció, de hecho y derecho, que no podría imponer las primarias abiertas y optó por solicitarles consensuar y pactar la referida Ley.

En esa posición coincidimos con todos los sectores dispuestos a impedir que en la Ley de Partidos fuera incluida la imposición de las llamadas primarias abiertas.

Es de público conocimiento, e incluso ha merecido editoriales de periódicos nacionales, que la lucha interna entre los dos principales líderes del partido de gobierno ha llevado la aprobación de la Ley de Partidos y la del Régimen Electoral a un punto de tranque.

En diferentes oportunidades, e interpretando una inequívoca aspiración de la sociedad, he formulado llamados a que el Congreso destrabe la aprobación de ambas leyes.

Con su decisión de anoche la Dirección Ejecutiva del PRM abre la oportunidad a que finalmente la Ley sea aprobada, lo que constituye un importante aporte a la democratización de la vida interna de los partidos y a la celebración de procesos electorales justos y diáfanos.

El largo e intenso debate sobre la Ley de Partidos dejó en claro que resultaría inconstitucional incluir en la normativa tanto la modalidad de primarias abiertas como cerradas.

Ha sido sabio y oportuno que el PRM haya flexibilizado su posición en el sentido de que ninguna de las modalidades referidas sea incluida en la Ley sino el criterio justo, democrático y constitucional de que los partidos y organizaciones políticas queden en libertad de elegir la modalidad que escojan para elegir sus candidaturas.

Es en este caso que el PRM ha ratificado su posición de usar el padrón interno, así como proponer que las primarias se hagan de manera simultánea y organizadas por la Junta Central Electoral.

El imperativo del momento es concertar tanto la Ley de Partidos como la del Régimen Electoral, en términos que sea superado el régimen de trampas y mañoserías que tanto daño le ha hecho al sistema democrático nacional.

Obstaculizar la aprobación de la Ley de Partidos es una forma de mantener en la bruma la posibilidad de lograr avances institucionales y con ello el desarrollo nacional en todos los órdenes.