Super Tucanos

SANTO DOMINGO. Una de las cláusulas del acuerdo firmado entre la compañía brasileña y la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) establece que la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) se compromete a entregar a la Procuraduría General de la República todas las documentaciones e informaciones protegidas por el acuerdo de confidencialidad firmado con las autoridades de Estados Unidos y Brasil, referentes a los sobornos pagados en República Dominicana para la compra de ocho aviones Super Tucano.

La empresa se declara culpable de pagar US$3.5 millones y se compromete a pagar el doble de esa cantidad.

La jueza Yanibet Rivas, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, autorizó ayer la aplicación de un juicio penal abreviado a la multinacional y la condenó al pago de US$7,000,000.

El acuerdo establece que Embraer está obligada a entregar las informaciones que se encuentren en su poder y sean de su conocimiento respecto a “(i) las entidades que efectuaban las transferencias financieras sobre los hechos”.

También, “(ii) las entidades receptoras de las transferencias financieras relacionadas a los hechos declarados y admitidos bajo los acuerdos y que sustentas este acuerdo y montos involucrados; (iii) Las cuentas bancarias, beneficiarios de las mismas y bancos relacionados a los hechos declarados y admitidos”.

“(v) los mensajes, vía correo electrónico, entre los directivos y empleados de Embraser S.A. relativos a los hechos; (v) contratos de consultoría comercial (representación comercial) con las personas físicas y/o jurídicas dominicanas que guardan relación con los hechos”, concluye la cláusula.

La empresa brasileña, según el acuerdo firmado con la Procuraduría General, será la responsable de diligenciar ante el órgano de justicia competente de la República Federal de Brasil, las declaraciones judiciales o bajo acuerdo de colaboración individual, realizada por ejecutivo y consultor de Embraer y entregarlas al Ministerio Público Dominicano.

De igual manera está obligada a identificar los servidores, empleados y/o funcionarios públicos sobornados en República Dominicana, ya sea, directa o a través de intermediarios, así como toda información que pudiera servir al Ministerio Público para conducir a determinar sus co-autores o cómplices.

De manera “esencial y especial”, se comprometió a entregar toda prueba, elemento o evidencia que pudiera servir para comprobar que Pedro Rafael Peña Antonio, Carlos Piccini Núñez, Daniel Aquino Hernández, Daniel Aquino Méndez, Ysrael Abreu Rosario, Félix del Orbe Berroa, 4D Business Group y Magycorp.

“Identificar el monto de los sobornos entregados, y el mecanismo financiero utilizado para hacerlos llegar a los sobornados, intermediarios o personas interpósitas, debiendo suministrar en ese sentido las cuentas bancarias, swifts, órdenes de transferencias, transferencias, registros contables, correos, comunicaciones relativas a las transferencias y cualquier otra información relativa a tales fines”, señala.

Nota con datos de Diario libre