La justicia de República Dominicana retomará este lunes el juicio de fondo a los seis procesados por los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht reveló haber repartido en el país para adjudicarse ilegalmente obras públicas licitadas entre 2002 y 2012.
El juicio estará a cargo del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que asumirá el proceso después de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) lo derivara a esa instancia.
El caso estuvo en poder de la SCJ debido a que uno de los imputados, Tommy Galán, era senador; sin embargo, el político no logró la reelección en las elecciones del pasado 5 de julio, por lo que perdió jurisdicción privilegiada para ser juzgado por la Suprema.
Los demás procesados son Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga Arzeno, Andrés Bautista García, Roberto Rodríguez, así como Ángel Rondón, exrepresentante comercial de Odebrecht en República Dominicana y señalado como la persona que repartió los sobornos de Odebrecht en el país.
El inicio del juicio estaba previsto para abril pasado pero fue cancelado debido a la situación provocada por el coronavirus, que limitará a 40 las personas en la audiencia, incluidos los imputados, según adelantó el Poder Judicial.
De acuerdo con documentos publicados en 2016 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó aproximadamente $788 millones de dólares en sobornos en doce países latinoamericanos, entre ellos República Dominicana.
La empresa brasileña llegó a un acuerdo con la Procuraduría General de la República Dominicana en 2017 por el que deberá pagar $184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo que admitió haber entregado en sobornos en el país.
El pasado viernes, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, quien asumió el cargo el 16 de agosto, presentó su “formal inhibición” para tratar cualquier asunto relacionado con el expediente relativo a las personas procesadas por el caso Odebrecht.
Germán Brito, quien ha reconocido tener una relación de amistad con Díaz Rúa, definió su decisión como “coherente” con la postura que mantuvo en la etapa en que se desempeñó como jueza de la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con un comunicado de su despacho.
