La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) valoró este jueves el anuncio del presidente de la República, Luis Abinader, de un plan integral de reformas institucionales.

Mediante un comunicado de prensa, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de Finjus, indicó que este plan representa la creación de un nuevo espacio para relanzar las reformas y medidas que requiere el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país.

De igual forma, estimó la puesta en marcha de iniciativas para garantizar la transparencia de los recursos públicos en las instituciones.

Las medidas buscan fomentar la integridad en el sistema, fortalecer la eficiencia y transparencia, reformar las leyes, reglamentos y el marco normativo relativo a estos temas y adoptar las estrategias y estructuras que aseguren la eficacia, la evaluación continua y la participación de los ciudadanos y las comunidades a lo largo del país.

Finjus indicó que en los últimos años se advirtió sobre el deterioro de los sistemas de control y fiscalización de los gastos en la administración pública y las «gravísimas» deficiencias en el sistema de justicia que impidió el establecimiento de un eficiente régimen de consecuencias sobre la falta de transparencia y la vigencia de prácticas ilegales.

«Lo anterior dio lugar a un sostenido rechazo a todas las formas de violación al ordenamiento penal por parte de una gran mayoría de la población y de trabajadores, pobladores, sectores empresariales, académicos y la comunidad jurídica, que han clamado por cambios reales en ese panorama», dijo.

Señaló que las reformas anunciadas por el Poder Ejecutivo requieren ser convertidas en planes específicos de trabajo que sean razonables de ejecución a corto y mediano plazo y medibles, lo que implicará la adecuación normativa y corregir los vacíos legales que generan una especia de zona gris y opaca «que fomenta los actos de corrupción».

Finjus saludó el interés de establecer una ley que regule las contrataciones de publicidad estatal y de modificar la 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General para regularizar el proceso de auditorías internas de las instituciones públicas.

De igual, dijo que es propicia la modificación de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, de quien la sociedad ha demandado independencia y objetividad, y sobre la que han recaído reiteradas críticas acerca de la calidad, rigurosidad y pertinencia de las auditorías que está obligada a realizar.

«Estamos completamente identificados con el propósito del Poder Ejecutivo en lograr la aprobación de una legislación penal moderna y coherente a fin de sancionar los complejos entramados delictivos asociados a la corrupción administrativa, así como las iniciativas anunciadas para reforzar la efectividad de los órganos públicos en materia de compras y contrataciones», destacó.

Esto se complementa con la creación de la subdirección antifraude en la Contraloría general, la comisión de revisión y reestructuración de programas de asistencia social, el gabinete de transparencia, prevención y control del gasto público y demás dependencias.

«En este aspectos deseamos insistir en que estas acciones deben estar orientadas a establecer la colaboración interinstitucional, el intercambio de informaciones, lineamientos y datos, superando la duplicidad de órganos y la burocratización de procesos que entorpecen el logro de soluciones efectivas”, añadió.

Dijo que es significativo el énfasis en la recuperación del patrimonio del Estado que haya sido sustraído, lo que a su juicio refuerza la necesidad de aprobar la ley de extinción de dominio, que garantice acciones rápidas para dicha recuperación y la superación de los marcos legales actuales que condicionan a la larga espera de una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

Finjus indicó que apoyará todas las iniciativas animadas por los objetivos anteriores, y exhortó a todos los sectores sociales a ejercer su derecho a la participación en los procesos de diseño, socialización y evaluación del plan que podría significar un salto para la creación de una cultura de transparencia y responsabilidad en el Estado para beneficio de toda la sociedad.