Vecinos del Distrito Nacional exigen medidas concretas contra el ruido


La contaminación acústica es un serio problema de salud pública que va mucho más allá de las molestias generadas por el ruido. Estudios recientes indican que el ruido tiene un impacto en la salud, similar al de la contaminación atmosférica química.
Preocupadas por esta situación, 25 juntas de vecinos y asociaciones comunitarias del Distrito Nacional se unieron “en contra de la contaminación sónica en la ciudad” y solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente la creación de una subcomisión antirruido en esta demarcación con el propósito de controlar el mal que afecta a la ciudadanía desde hace años.
El secretario de Relaciones Públicas de la Junta de Vecinos de Naco, Andiel Galván, recordó que en el año 2012 fue creada la Comisión Nacional Antirruido, mediante el decreto 10-12, a través de la cual se ordena crear subcomisiones por cada provincia o municipio para trazar estrategias contra el ruido. “Por eso nos hemos organizado para trabajar con las autoridades y concebir un plan de trabajo para empezar a ver los resultados”, indicó.
Durante una conversación con Diario Libre, Galván citó que los ruidos que más afectan a los vecinos son los de los bares, restaurantes, “car wash” y las construcciones fuera de horario laboral. En el caso del residencial Narai, en la Zona Colonial, los problemas, hasta de vibraciones en las ventanas, provienen de un local de eventos en la Casa de los Vitrales.
Galván dijo que estas combinaciones de ruido, aparte de incidir en la tranquilidad y el descanso tanto de adultos como de niños, también causan problemas auditivos, sicológicos, neurológicos, estrés y dificultad en el aprendizaje, entre otras patologías.
“Eso alcanza a las personas envejecientes, enfermos, niños o simplemente trabajadores que cuando llegan a sus casas no pueden tener la tranquilidad necesaria, aunque se encierren en sus espacios”, subrayó.
Es por esta razón por la que el principal enfoque de estas juntas de vecinos es más preventivo que persecutor de las fuentes que generan ruidos y para ellos, dijo, también tienen que intervenir los ministerios de Salud Pública, Educación, aparte de Interior y Policía; la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional; el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1; la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre y la Mancomunidad de Municipios, entre otros.
Galván considera que, pese a que existe un Departamento Antirruido de la Policía Nacional, las autoridades no dan abasto por el “gran cúmulo” de denuncias que reciben de todas partes del país, específicamente del Distrito Nacional.
“La autoridad parece que está colapsada de tantos reportes y tienen que ir a fiscalizar, en algunas ocasiones simplemente van a hacer acto de presencia, no llegan nunca, pero lo que más nos preocupa es que son reportes reincidentes, lo que refleja que no hay régimen de consecuencias tras las denuncias”, expresó.
Durante un encuentro que las juntas de vecinos sostuvieron recientemente con el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, el funcionario prometió convocarlos nuevamente en marzo para ofrecerles detalles sobre el proceso de creación de la subcomisión antiruido.
Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por Galván, Jorge Mera mostró preocupación debido a que Medio Ambiente posee una débil capacidad sancionadora al respecto porque el organismo correspondiente es la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente.
“El ministerio tiene la capacidad de sancionar todas las infracciones contra el medio ambiente, menos el ruido y le dejaron el rol de investigación, edición, documentación y preparación de expedientes, pero quien debe perseguir y sancionar es la Procuraduría Especializada”, explicó al calificar la situación como “una debilidad que hace más difícil la lucha contra el ruido”.
El vocero de la Junta de Vecinos de Naco resaltó que Medio Ambiente sí tiene la capacidad de convocar a los actores competentes para aunar esfuerzos y coordinar acciones interinstitucionales, según ordena el decreto.
En caso de que las autoridades no lleguen a conformar la subdirección antiruido, las juntas de vecinos tienen en proyecto un plan de acción en función de “los recursos” que tienen a disposición.


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