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La Fiscalía de Barcelona pide ocho años y dos meses de cárcel para la cantante colombiana Shakira, a la que acusa de seis delitos contra la Hacienda pública por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España.
El ministerio público presentó su escrito de acusación ante el juzgado que instruye el caso, después de que la Audiencia de Barcelona avalara que debe ir a juicio, ante los indicios de que desde 2012 residía en España y, por lo tanto, estaba obligada desde entonces a tributar en este país.
La artista colombiana, que ya ha devuelto los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria española y otros tres de intereses -lo que no impide que se siente en el banquillo-, está encausada a raíz de una querella que la Fiscalía de Barcelona presentó contra ella por seis delitos contra la Hacienda pública.
El pasado miércoles, la agencia de comunicación de la cantante anunció que Shakira había rechazado el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía para evitar ser juzgada, dado que confía «plenamente» en su inocencia.
Su equipo legal mantuvo conversaciones con la Fiscalía de Barcelona para alcanzar un acuerdo que rebajara la pena que podría corresponderle, pero decidió rechazar la última oferta del ministerio público.
En un comunicado, Shakira aseguró que ha optado por «dejar el tema en manos de la ley, con la tranquilidad y la confianza de que la justicia le dará la razón».
Pese a que acusación y defensa no alcanzaron un acuerdo de conformidad, lo que no habría evitado que Shakira se sentara en el banquillo, la cantante aún podría pactar con la Fiscalía hasta el mismo día del juicio.
Su voluntad siempre ha sido seguir adelante en el proceso penal, sin conformarse con una rebaja de la condena que podría corresponderle, destaca el comunicado.
La Hacienda española reclamó unos 14,5 millones de euros al ver indicios de que en 2012 la cantante ya residía en España y estaba obligada desde entonces a tributar en este país, pero supuestamente ocultó ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales.
La artista ya pagó esos 14,5 millones de euros y otros tres de intereses, lo que no impide que pueda ir a juicio por supuesto fraude fiscal entre 2012 y 2014.
El caso se remonta a 2017, cuando los denominados «papeles del paraíso», una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revelaron que residía en Barcelona junto a su entonces marido, el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, y sus dos hijos, pero estaba supuestamente domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas.
El mes pasado la artista anunció su separación del jugador, su pareja en los últimos doce años.
La investigación aseguraba además que la cantante gestionaba en dos países con ventajas fiscales, Malta y Luxemburgo, unos 31,6 millones de euros por derechos de autor de sus canciones.
Los abogados de la cantante aclararon que residía en las islas Bahamas desde 2004 pero los años siguientes tuvo que viajar «sin parar», que hasta 2015 su presencia en España no superó el plazo que la obliga a tributar y que la gestión de esos millones se realizaba desde 2007 a través de una sociedad maltesa que «cumple con todos los requisitos legales».
