El Director General de Migración, Venancio Alcántara, desmintió que haya dispuesto iniciar un nuevo programa de regularización de nacionales venezolanos en la República Dominicana con el estatus de “Categoría migratoria de no residente” como ha salido a relucir en un medio de comunicación.

A través de una nota informativa, la institución explicó que la normativa en su momento establecía que los venezolanos que serían beneficiados con los programas de regularización son aquellos que ingresaron al país desde enero de 2014 a marzo del año 2020.

Indicó “La situación actual del PNV está pendiente de procesar los que quedaron en tránsito de fase 2 a fase 3 y una vez pronunciado, la DGM está facultada para ejecutar la disposición, por lo que reiteramos que para una nueva reapertura de este proceso se requiere el pronunciamiento oficial del Consejo Nacional de Migración y esto no ha sucedido” aseguró el titular de Migración, Venancio Alcántara.

Recordó además, que el Consejo Nacional de Migración es el órgano facultado para pronunciarse en torno a la reapertura del programa, debido a que el plan inicio en abril del 2020, y cerró con el registro de más de 42 mil personas que se acogieron al proceso, de los cuales más de 30 mil cuentan hoy con su documento a mano que se regularizaron y otros con la autorización de pasar a retirarlo, ya que en su momento se otorgó un mes como plazo para registrarse.

Precisó que los venezolanos que ingresaron al territorio dominicano haciendo uso de tarjeta de turista o visado expedido por las autoridades dominicanas y que han permanecido en la República Dominicana desde la vigencia autorizada, fueron beneficiados, sin embargo, advirtió que los que no se acogieron al proceso son pasibles a ser deportados.

En tal sentido, el Director General de Migración, Venancio Alcántara, exhortó a todo aquel extranjero que visite la República Dominicana a hacerlo de manera legal y bajo las normas, ya que de lo contrario, deberá enfrentar las consecuencias de las políticas migratorias que impulsa el gobierno dominicano, a fin de contrarrestar el flujo migratorio irregular.