Nicolás Maduro es trasladado este lunes a un tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia judicial, apenas dos días después de haber sido capturado en Caracas durante una operación militar de Estados Unidos, que asegura estar “a cargo” de Venezuela tras el derrocamiento del mandatario.

Maduro, de 63 años, permanece detenido en una cárcel de Brooklyn y será presentado ante un juez a las 11:00 a.m. hora de Costa Rica (mediodía en Nueva York). El exgobernante venezolano enfrenta cargos por presunto tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, acusaciones que también alcanzan a su esposa, Cilia Flores (ver video en la portada).

La captura ocurrió el sábado en medio de una intervención estadounidense que incluyó comandos en tierra, bombardeos con aviones de combate y el despliegue de una fuerza naval en el Caribe. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábaado que su país está “a cargo” de Venezuela y que mantiene conversaciones con las nuevas autoridades. 

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, manifestó su disposición a cooperar con la administración Trump y propuso una relación “equilibrada y respetuosa” con Washington. Estados Unidos condicionó su apoyo a la apertura del país a la inversión extranjera, especialmente en el sector petrolero.

En Venezuela, el alto mando militar reconoció a Rodríguez como presidenta interina. En las calles de Caracas, las protestas a favor de Maduro han sido limitadas, mientras sectores opositores se mantienen en silencio por temor a represalias. El domingo, unos 2.000 simpatizantes marcharon para exigir la liberación del exmandatario.

El número de víctimas tras la operación militar sigue sin confirmarse oficialmente. Organizaciones médicas reportan decenas de muertos y heridos, mientras fuentes militares manejan cifras menores. Cuba aseguró que ciudadanos cubanos murieron durante el operativo, versión mencionada también por Trump.

Este lunes, el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una reunión de emergencia solicitada por Caracas, en medio de condenas de países como China y Rusia, y del rechazo de varios gobiernos latinoamericanos a cualquier intento de control externo sobre Venezuela.